La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) inició un cobro coactivo contra la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, por una deuda de IVA de 1,03 billones de pesos correspondiente a importaciones de gasolina y ACPM entre 2022 y 2024. La autoridad advierte que podría decretar un embargo si el pago no se realiza en un plazo de 7 a 18 días, mientras Ecopetrol y Reficar presentan recursos y tutelas y se abre la vía para cuestionar la posible retroactividad de la norma ante el Consejo de Estado, en medio de un intenso debate sobre la interpretación tributaria aplicable a combustibles importados.
La discusión se apoya en la interpretación de la base gravable: el IVA del 19% sobre el valor en aduana frente a una posible base de 5% por «ingreso al productor» prevista en el Estatuto Tributario. En la resolución de 58 páginas la Dian detalla su lectura y se abren recursos y tutelas que Ecopetrol y Reficar ya han presentado. Este marco normativo, con antecedentes desde 2016 y reforzado por la reforma tributaria de 2022, alimenta un clima de inseguridad jurídica y desconfianza que podría afectar la inversión y el suministro nacional, con posibles impactos en la Costa Caribe y en el país entero. La Unión Sindical Obrera (USO) advirtió que un embargo podría paralizar la operación de Reficar, afectar el suministro y poner en riesgo entre 2.000 y 2.500 empleos. Un informe de referencia consultó a Christian Quiñonez, ex subdirector operativo de Fiscalización y Liquidación de la Dian, para analizar los problemas jurídicos y económicos; Infobae Colombia cita su visión sobre el marco legal, y señala que Ecopetrol y Reficar ya se preparan para un posible litigio ante el Consejo de Estado para cuestionar la retroactividad de la norma. En este sentido, analistas advierten que la aplicación retroactiva de la norma podría transitar por una ruta que genere inseguridad jurídica y desinversión en el sector energético.
La dimensión jurídica y económica del conflicto
Si se mantiene el cobro, el embargo podría impactar de forma directa el abastecimiento de combustibles y obligar al cierre de operaciones de Reficar en unos 15 días, con efectos que podrían dejar sin empleo entre 2.000 y 2.500 trabajadores, y provocar un drenaje de caja para Ecopetrol ante resultados financieros ya poco alentadores. Analistas consultados advierten que la aplicación retroactiva de la norma, o la percepción de ello, podría deteriorar la confianza de los inversionistas extranjeros y desincentivar inversiones en el sector energético.
«Esto altera las reglas de juego sobre las cuales los contribuyentes toman decisiones y vulnera el principio de confianza legítima» – Juan David Velasco, socio de Impuestos en Baker McKenzie Colombia
Ante este escenario, Ecopetrol y Reficar exploran la posibilidad de negociar con la Dian para evitar un litigio prolongado, mientras expertos señalan que la solución podría definirse fuera de los tribunales para evitar daños económicos y de confianza institucional. Reficar, como activo estratégico para Colombia, abastece al mercado local e internacional, y cualquier interrupción podría afectar seriamente el suministro, el empleo y la recaudación, con implicaciones para la seguridad energética y para la inversión en la Costa Caribe y el resto del país.
