La Diócesis de Caldas mantuvo visible en su sitio web al sacerdote Luis Ernesto Valencia López como vicario de la parroquia La Transfiguración del Señor hasta el pasado 1 de septiembre, un día antes de que se conociera públicamente el fallo judicial que lo condenó por abuso sexual contra un menor de 14 años. La referencia fue eliminada del portal diocesano apenas el 2 de septiembre, generando fuertes cuestionamientos sobre la transparencia de la institución frente a un caso que ya había sido sancionado por la justicia ordinaria.
Una condena que tardó en reflejarse
El Juzgado Primero Penal de Caldas, bajo la dirección del juez Pastor Camilo Perafán Cardona, impuso inicialmente una pena de 12 años de prisión contra Valencia López por actos sexuales cometidos en 2008 contra un menor que hoy tiene 31 años. Sin embargo, tras una corrección judicial, la sanción quedó reducida a poco más de cinco años de cárcel, equivalentes a 80 meses menos. El caso cobró notoriedad pública el 1 de septiembre de 2025, cuando el periodista Juan Pablo Barrientos reveló los detalles de la condena, y fue entonces cuando la Diócesis decidió retirar la ficha del sacerdote de su página web, aunque el contenido ya había quedado vacío al día siguiente.
«Esta persona eligió a un sacerdote para que lo acompañe en su proceso espiritual»
Fuentes de la Diócesis de Caldas a El Tiempo
La Diócesis de Caldas, liderada por el obispo Juan Fernando Franco Sánchez, aseguró que activó su protocolo institucional desde el momento en que tuvo conocimiento de la denuncia, ofreciendo a la víctima servicios de denuncia, escucha y acompañamiento espiritual, psicológico y jurídico. En su defensa, la institución sostuvo que el sacerdote no ocupó cargos administrativos durante el trámite judicial y que se le prohibió realizar labores pastorales con niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. No obstante, no se precisó la fecha exacta en que comenzaron dichas restricciones, lo que generó dudas sobre su alcance real.
Pese a que la investigación judicial contra Valencia López se remontaba al menos a 2024, el sacerdote celebró su aniversario sacerdotal el pasado 27 de mayo de 2025, un hecho que reavivó las críticas hacia la gestión del caso por parte de la jerarquía eclesiástica. El periodista Juan Pablo Barrientos señaló que el obispo Franco Sánchez habría incurrido en encubrimiento al mantener al religioso adscrito a la diócesis y con actividades pastorales pese a la denuncia penal en su contra, una interpretación que la Diócesis rechazó de plano, argumentando que las restricciones impuestas fueron de carácter preventivo.
El debate sobre los archivos eclesiásticos
Este caso ha reabierto el debate sobre la transparencia de la Iglesia católica en Colombia frente a denuncias de abuso sexual. Recientemente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-184 de 2025, determinó que la Iglesia debe entregar información completa sobre denuncias de violencia sexual contra menores, sin posibilidad de reserva absoluta. La decisión del alto tribunal apunta a eliminar los velos de opacidad que han rodeado históricamente estos procesos, en los que las víctimas enfrentan no solo el trauma del abuso, sino también la falta de respuestas claras por parte de las instituciones eclesiásticas.
La víctima, hoy un adulto de 31 años, decidió denunciar años después de la agresión, un camino que muchos sobrevivientes recorren con dificultad debido al silencio impuesto y al poder simbólico de quienes cometieron los abusos. Mientras la Diócesis de Caldas insiste en que actuó conforme a sus protocolos, la permanencia del sacerdote condenado en el sitio web y en actividades eclesiásticas hasta horas antes de que la sentencia se hiciera pública deja abiertas preguntas incómodas sobre la verdadera voluntad de la institución de combatir estos delitos desde adentro.
