Diego Alejandro Rivera, estudiante de la Universidad del Rosario en Bogotá, permaneció matriculado en la institución pese a una decisión inicial de expulsión por una presunta violación ocurrida en mayo de 2025 en un apartamento del centro de la capital. La víctima, también estudiante, denunció los hechos ante el Equipo Cora y la Fiscalía, presentando pruebas como chats de WhatsApp y su historia clínica, lo que obligó a la afectada a abandonar sus estudios para evitar coincidir con el presunto agresor. La expulsión en primera instancia se dictó el 2 de octubre de 2025, pero recursos internos como un recurso de súplica y una tutela generaron demoras administrativas, permitiendo que Rivera iniciara el semestre el 26 de enero de 2026.
El proceso disciplinario se complicó por retrasos en la segunda instancia, donde el Comité de Decanos tardó casi cinco meses en resolver, y la notificación de la expulsión llegó después de las tres primeras semanas del semestre, superando el plazo reglamentario de tres semanas. La denuncia penal se presentó en la URI de Paloquemao, con imputación por acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado, aunque no se impuso medida de aseguramiento. La víctima recibió atención médica durante tres días en la Clínica Universitaria Colombia, y su abogado cuestionó la legalidad del recurso de súplica, no contemplado en el reglamento universitario. Además, la familia de la afectada recibió información errónea de las directivas sobre el estado de la expulsión.
Revelaciones y cuestionamientos a los protocolos
El caso, revelado por la revista Semana, ha generado cuestionamientos a los protocolos institucionales de la Universidad del Rosario por fallas procesales y demoras que afectaron a la víctima, quien interpuso una tutela que suspendió temporalmente la sanción inmediata. En medio del proceso, se evidenciaron intercambios directos entre las partes que ilustran la gravedad de los hechos.
“Te atienes a que literalmente me violaste”
Víctima, a Diego Alejandro Rivera
“Lo que hice estuvo muy mal, perdóname… fue un error, lo reconozco”
Diego Alejandro Rivera, a la víctima
“Tengo miedo, estoy asustada y no creo en sus palabras”
Víctima, en queja a la Fiscalía
Este incidente pone en evidencia las vulnerabilidades en los mecanismos de protección universitaria frente a denuncias de violencia sexual, dejando a la víctima sin la tranquilidad necesaria para continuar sus estudios y resaltando la necesidad de agilizar procesos para evitar revictimización.
