El Consejo de Estado informó este martes que, en la tarde del 12 de noviembre, se llevó a cabo una diligencia de inspección judicial en la sede de la entidad, decretada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, dentro de una investigación preliminar contra cuatro magistrados de la Sección Quinta relacionada con expedientes de nulidad electoral y tutelas. La diligencia contó con la presencia de Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, y se desarrolló con la participación de funcionarios de la Dijín y del CTI, en un marco institucional y dentro de lo que se ha informado como un proceso normal.
Entre los magistrados de la Sección Quinta citados se encuentran Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil. La investigación se vincula a dos casos de nulidad electoral, concretamente la alcaldía de Calima Darién y la gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de las tutelas relacionadas con dichos procesos.
La diligencia se realizó en la sede del Consejo de Estado y contó con la presencia de funcionarios de la Dijín y del CTI, manteniéndose dentro del marco institucional y sin que afecte las funciones jurisdiccionales de la entidad. Según la autoridad, la inspección transcurrió “con normalidad” y se desarrolló “dentro de los parámetros legales”, sin que se haya considerado un hecho extraordinario para el funcionamiento del alto tribunal.
En paralelo a la información oficial, se han presentado diversas voces que acompañan al proceso. La Sección Quinta informó que, a través de la Secretaría General y de la Secretaría de la Sección Quinta, atiende en este momento las diligencias de inspección decretadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. Además, la Sección Quinta añadió que prestó toda la colaboración para la práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas. Por su parte, el Comité Político Pacto Histórico San Andrés Islas afirmó que, de acuerdo con la denuncia citada en el auto, se ha violado el debido proceso y se ha irrespetado la tutela como mecanismo expedito que debe resolverse en 10 días; además, que han permitido que terceros ajenos a la demanda interpongan el argumento del idioma creole como si se tratara de un proceso colectivo contra la comunidad raizal, cuando en realidad es un proceso individual. En la misma línea, el ciudadano Miguel Ángel Mora señaló que, dentro del medio de control de nulidad electoral relacionado con la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador, que cursó en la Sección Quinta, se habría presentado un acto procesal manifiestamente contrario a la ley al admitir una reforma de la demanda fuera del momento procesal legalmente establecido.
La diligencia de inspección judicial en la sede del Consejo de Estado
Antecedentes y contexto interlocutorio señalan que la diligencia se vincula a dos casos de nulidad electoral y a las tutelas asociadas, y que, si bien la inspección avanza, los expedientes permanecen en reserva durante la etapa preliminar de la investigación. El Consejo de Estado ha aclarado que la diligencia no interfiere con sus funciones y que los expedientes continúan en reserva mientras se avanza en la investigación preliminar.
«La Sección Quinta informa que a través de la Secretaría General y la Secretaría de la Sección Quinta, se atienden en este momento las diligencias de inspección judicial decretadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales» – La Sección Quinta del Consejo de Estado.
En síntesis, la investigación permanece en una fase preliminar sin meritos aún determinados para cargos; los expedientes continúan bajo reserva y el Consejo de Estado subraya que la diligencia se desarrolló conforme a la normativa vigente, sin afectar su funcionamiento judicial, mientras la Cámara de Representantes avanza en su investigación y la entidad mantiene la reserva de la información relacionada con estas actuaciones.
