Una nueva arista jurídica sacude el caso que enfrenta al expresidente Gustavo Petro con la exprotagonista de sus denuncias, luego de que la abogada penalista Dina Luz Malo Andrade asumiera la representación judicial de Deicy Jiménez. La profesional, quien trabajó durante 2023 en la firma De la Espriella Lawyers, propiedad del actual presidente Abelardo de la Espriella, reemplazó al penalista Felipe Caballero, quien renunció por razones de seguridad en medio de la creciente tensión que rodea el proceso. Malo, abogada de la Universidad del Norte con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y experiencia ante la Corte Suprema y la Corte Constitucional, deberá ahora gestionar la defensa de Jiménez, una joven de 29 años que ha denunciado al exmandatario por presuntamente entregarle contratos públicos a cambio de favores sexuales, respaldando sus acusaciones con un video de una conversación privada difundido en redes sociales.
Un vínculo que genera controversia política
La relación profesional previa de Malo con Abelardo de la Espriella, actual presidente de la firma que lleva su nombre, ha sido puesta sobre la mesa por sectores afines al Pacto Histórico como un posible indicio de una confabulación política, aunque hasta el momento no existen pruebas que sustenten esas teorías. El congresista Daniel Monroy, del partido de gobierno, fue quien advirtió públicamente sobre el vínculo laboral de la nueva abogada con De la Espriella, el mismo que en febrero de 2023 había publicado en su cuenta oficial de X un mensaje en el que presentaba a Malo como la defensora del exgobernador de San Andrés, Everth Hawkins. En esa oportunidad, la cuenta de Abelardo de la Espriella escribió: «La Dra. Dina Malo, abogada de nuestra firma, informa sobre las acciones legales que se tomarán para reivindicar los derechos al buen nombre, honra, dignidad humana e inocencia, de nuestro cliente el Sr. Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins». Hawkins fue capturado el 19 de octubre de 2026 por presunta extorsión agravada y secuestro extorsivo, un caso de alto perfil que Malo manejó durante su paso por la firma.
La hoja de vida de Malo, registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), muestra que desde marzo de 2024 figura vinculada a la firma DW Lawyers S.A.S., donde también aparece como socia Wendy Stefania López Salazar, quien se desempeñó como abogada junior en De la Espriella Lawyers entre 2018 y 2022. Este entramado de relaciones laborales ha alimentado el debate público, aunque la defensa de Jiménez insiste en que el único interés es la búsqueda de justicia. La denunciante, que ha asegurado ser víctima de seguimientos y teme por su seguridad tras la circulación de fotografías suyas en el centro de Bogotá, había anunciado a través de su anterior abogado que entregaría su teléfono celular a la Fiscalía como parte de las pruebas. Ahora, con el cambio de representación, el proceso retoma un nuevo impulso mientras la joven clama protección.
«Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro»
Deicy Jiménez, denunciante
La renuncia de Felipe Caballero, el abogado que inicialmente representaba a Jiménez, se produjo por motivos de seguridad en un caso que ha escalado al terreno político y mediático. La exprotagonista de las denuncias, que ha reiterado su versión de los hechos tanto en entrevistas como en sus redes sociales, se encuentra ahora bajo la tutela legal de Malo, una penalista con experiencia en litigios de alto impacto que deberá navegar las complejidades de un proceso donde cada movimiento es escrutado por ambos bandos. Mientras tanto, desde las filas del Pacto Histórico se insiste en que la conexión de la abogada con Abelardo de la Espriella evidencia una operación de desprestigio contra el expresidente, una acusación que carece de pruebas pero que añade una capa adicional de tensión a un caso que ya de por sí concentra la atención del país.









