Director del DPS rechaza suprimir la entidad para revivir Ministerio de Igualdad

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El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Mauricio Rodríguez Amaya, rechazó contundentemente la propuesta de la oposición de eliminar la entidad para dar paso al resurgimiento del Ministerio de Igualdad y Equidad. En declaraciones recogidas en el marco del debate legislativo que busca revivir la cartera ministerial, Rodríguez Amaya calificó la iniciativa como «altamente inconveniente» y defendió la trayectoria y los resultados concretos del DPS en la lucha contra la pobreza en Colombia. La polémica surge luego de que el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui planteara suprimir o fusionar el DPS por una supuesta duplicidad de funciones con el Ministerio de Igualdad, argumentando que la permanencia de ambas entidades genera burocracia y dificulta la ejecución de recursos.

La propuesta de la oposición se da en un contexto de debate en el Congreso para revivir el Ministerio de Igualdad y Equidad, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2281 de 2023 que lo creó, aunque permitió un periodo de transición con efectos diferidos. Uscátegui sugirió eliminar el DPS y convertirlo en ministerio, similar a lo ocurrido con Coldeportes y Colciencias, y criticó la gestión de los recursos afirmando que «hubo una cantidad de presupuesto que no se ejecutó porque precisamente lo que han buscado es generar más burocracia y no llegar con mayor asistencia social». Ante esto, Rodríguez Amaya respondió defendiendo la labor del DPS, asegurando que la entidad articula transferencias monetarias, política de inclusión productiva e infraestructuras sociales, y que hoy es «una pieza indispensable de la política social, no solo del Gobierno Petro, sino del Estado colombiano».

Defensa de la gestión y resultados del DPS

Rodríguez Amaya hizo énfasis en los resultados alcanzados por el Departamento de Prosperidad Social, destacando que más de 2,6 millones de personas lograron salir de la pobreza en Colombia, con reducciones tanto en la pobreza monetaria como en la multidimensional. «Este tipo de proposiciones las consideramos altamente inconvenientes, porque no se puede sacrificar una entidad sólida, una entidad con trayectoria en la lucha contra la pobreza y la inclusión productiva», afirmó el director. En ese sentido, subrayó que, si bien Colombia requiere un Ministerio de Igualdad que sea capaz de darle voz a las poblaciones, esto no puede hacerse «sacrificando una entidad que ha dado resultados concretos en la lucha contra la pobreza».

«Sabemos que Colombia requiere un Ministerio de la Igualdad que sea capaz de darle voz a las poblaciones, pero no puede ser sacrificando una entidad que ha dado resultados concretos en la lucha contra la pobreza»

Mauricio Rodríguez Amaya, director del DPS

En contraste, el representante Uscátegui insistió en su postura crítica. «Hubo una cantidad de presupuesto que no se ejecutó porque precisamente lo que han buscado es generar más burocracia y no llegar con mayor asistencia social», señaló el congresista, al tiempo que recordó la controversia sobre la duplicidad de funciones entre ambas entidades. Sin embargo, Rodríguez Amaya se mantuvo firme al calificar el DPS como una entidad sólida y con trayectoria, advirtiendo que su eliminación representaría un grave retroceso para la política social del país.

El presidente Gustavo Petro ya había impartido instrucciones a varias entidades, incluidos el Ministerio de Igualdad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el DPS y Función Pública, para reorganizar funciones relacionadas con las políticas de igualdad. La directiva presidencial fijó un cronograma que establece como plazo máximo el 17 de junio de 2026 para implementar las medidas de reorganización institucional, lo que añade urgencia al debate sobre el futuro de la arquitectura social del Estado colombiano. Por ahora, el DPS se mantiene como un actor central en la discusión, mientras la oposición y el Gobierno buscan definir el rumbo de la política social en el país.

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