El brigadier general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia, firmó el pasado 22 de diciembre una resolución que ordena el traslado de nueve oficiales especializados en inteligencia y criminalística hacia zonas críticas del país como Caquetá, Guainía, Arauca, Vaupés, Norte de Santander, Risaralda y Santa Marta. Entre los afectados se encuentran los mayores Kevin Castaño Flórez, proveniente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol; Lorena Marcela Fonseca López, de la Dirección de Inteligencia; Edwin Apolinar Grimaldo y Fabián Chávez Herreño, ambos de inteligencia y la Seccional de Inteligencia de Bogotá, respectivamente, además de la coronel Julie Katherine Ruiz, una oficial superior involucrada en el proceso.
Estos traslados, justificados oficialmente por «necesidades del servicio» para fortalecer el orden público en épocas electorales, incluyen una prima de instalación para los oficiales. Sin embargo, dos de ellos denunciaron previamente amenazas de muerte recibidas mediante mensajes textuales, lo que ha generado inquietud interna. Específicamente, el mayor Castaño Flórez fue destinado a Arauca, la mayor Fonseca López a Guainía, mientras que Grimaldo y Chávez Herreño enviados a Norte de Santander, en un movimiento que fuentes internas atribuyen a posibles represalias por sus investigaciones en casos de corrupción y contrabando.
Investigaciones sensibles y patrón de presiones
Los oficiales trasladados estaban vinculados a operaciones clave, como la infiltración de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, en la Policía Fiscal y Aduanera, así como a operativos contra el contrabando en Antioquia. La coronel Ruiz, cercana al exministro Iván Velásquez, fue retirada de su misión en Washington D.C. Este no es un caso aislado: en noviembre se registraron traslados similares, como el del mayor Carlos Alberto León a Tibú en Norte de Santander y el de la capitán Natalia Velásquez a Puerto Rondón en Arauca, después de impedir beneficios a Luis Eduardo Rosero, alias ‘El Pastuso’. Altas fuentes policiales confirman que los movimientos responden a criterios de servicio, pero persiste la percepción interna de un patrón de presión contra investigadores sensibles, con solicitudes formales de protección elevadas bajo la reestructuración impulsada por Rincón.
«Van a sufrir ustedes y sus familias y ojalá todos los que trabajen en su empresa para trasladarlos y no dejarlos en paz. Se van para la mieerda (sic), van a pagarlo, se pudieron de valientas (sic) y empoderados. Pues se les acabó el cuarto de hora.»
Mensaje amenazante recibido por los oficiales trasladados
La medida ha avivado preocupaciones sobre la seguridad de los investigadores en medio de un contexto de tensiones electorales y reestructuraciones internas, donde el fortalecimiento del orden público choca con las denuncias de riesgos personales por parte de quienes han tocado fibras delicadas en redes de corrupción y crimen organizado.
