La coordinadora de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Liliana Olaya Cabrales, admitió públicamente que recomendó a sus dos hijos y cuatro sobrinos para ser vinculados a la Aeronáutica Civil (Aerocivil), en un escándalo que ha sacudido el organismo de transporte aéreo. La funcionaria, quien renunció a su cargo días después de un supuesto incidente ocurrido el pasado 15 de julio en el quinto piso de la Aerocivil, señaló que hizo las recomendaciones directamente al entonces director de la entidad, el general retirado José Henry Pinto Rodríguez, con el argumento de que sus familiares «están recién graduados y otros están estudiando». El caso tomó fuerza tras las denuncias de Angie Rodríguez ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, quien afirmó que una joven llamada Gabriela Muñoz —hija de Olaya— «manejó a su antojo la Aeronáutica Civil».
En declaraciones al diario El Tiempo, Olaya Cabrales aseguró que sus familiares «no ganan millonadas» y que simplemente cumplen con sus funciones, aunque reconoció haber recomendado a su hija Gabriela Muñoz, a su hermano Santiago David Muñoz y a sus sobrinos Daniel Felipe Arias Olaya, Samuel Muñoz Rayo, Juan Manuel Galindo Muñoz y Silvana Muñoz Jaramillo para ocupar cargos o recibir contratos en la entidad. Las cifras revelan que algunos de estos vínculos incluyeron montos significativos, como el contrato de Juan Manuel Galindo Muñoz por 70 millones de pesos, mientras que otros familiares, como Daniel Felipe Arias Olaya, obtuvieron contratos de servicios asistenciales, y Samuel Muñoz Rayo fue asignado labores de apoyo a gestión documental. La controversia se intensificó cuando se conoció que una joven cercana al círculo de los Muñoz Olaya acumula tres contratos adicionales: dos del Ministerio del Interior y uno de la Unidad de Gestión Fiscal y Parafiscales.
Denuncias y reacciones del Gobierno
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, denunció que la Aerocivil entregó información incompleta sobre los procesos de contratación y que algunos expedientes fueron retirados justo cuando se exigía mayor transparencia. Ante esta situación, Rojas solicitó una auditoría especial a la Contraloría General de la República para esclarecer los hechos. El escándalo no solo salpica a la familia Olaya, sino también a otros funcionarios: Juliana Guerrero, otra trabajadora de la Aerocivil mencionada en las denuncias de Angie Rodríguez, está llamada a juicio el próximo 20 de agosto por su presunta participación en irregularidades. Mientras tanto, el actual director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, ha mantenido silencio frente a las acusaciones, y Gabriela Muñoz rechazó categóricamente los señalamientos en su contra.
«Yo los recomendé, están recién graduados y otros están estudiando. Dos son ingenieros y dos bachilleres. Yo se los recomendé al general Pinto, exdirector de la Aerocivil. No ganan millonadas como dicen y les dije que cumplieran con sus funciones»
Liliana Olaya Cabrales, excoordinadora de contrainteligencia de la DNI
Olaya Cabrales se negó a dar detalles sobre su trabajo en la DNI, donde se desempeñaba como coordinadora de contrainteligencia, por temor a su integridad física, según informó a medios. Un funcionario de la DNI señaló que su labor consistía en recoger y analizar información de contrainteligencia, un cargo de alta sensibilidad dentro del organismo adscrito a la Presidencia de la República. El caso ha llevado a que los organismos de control también investiguen si otra funcionaria de la Aerocivil mantuvo contactos con personal de alto nivel de Ecopetrol, lo que amplía el espectro de posibles irregularidades. Se espera el resultado de la auditoría solicitada por la ministra Rojas para determinar el alcance de los contratos opacos y las recomendaciones familiares que han puesto en el ojo del huracán a una de las entidades clave del transporte en Colombia.
