La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, afirmó que la existencia de más de cien investigaciones preliminares abiertas contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes descarta que se trate de una persecución política proveniente de un solo sector. En declaraciones a medios de comunicación, Barrios señaló que la magnitud de los procesos, todos por presunta intervención en política, desvirtúa cualquier interpretación que reduzca el asunto a una estrategia de un grupo particular. Las investigaciones cursan bajo el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, que prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas, y su número, superior al centenar, fue el argumento central de la directora para rechazar la narrativa de un supuesto lawfare contra el mandatario.
La suspensión provisional de Petro, firmada el pasado 10 de junio por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, tiene carácter temporal hasta el 21 de junio, coincidiendo con la fecha de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, la medida requiere la aprobación de la plenaria de la Cámara de Representantes, un trámite que diversos congresistas han calificado como inviable por razones legales y operativas. Barrios recordó que la MOE ya había recibido solicitudes de diferentes sectores para pronunciarse sobre la presunta participación del presidente en la campaña incluso antes de la primera vuelta electoral. “Antes de la primera vuelta presidencial, teníamos insistencia desde diferentes sectores para que la MOE hiciera llamados de atención a la presunta participación en política del presidente de la República”, declaró.
Llamados reiterados y desequilibrio electoral
Alejandra Barrios reveló que la MOE ha hecho un llamado al presidente Petro en al menos cinco o seis comisiones de seguimiento electoral para que retome su rol institucional. “Nosotros hicimos al Presidente de la República un llamado hace más o menos unas cinco o seis comisiones de seguimiento electoral invitándolo a volver al lugar de la representación de la identidad de todos los ciudadanos colombianos”, explicó. La directora advirtió que la participación activa del jefe de Estado en la contienda “genera completamente un desequilibrio en la contienda”, afectando la equidad del proceso electoral.
“Si son más de 100 procesos, no veo cómo puede ser una estrategia política”
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE)
Barrios también aclaró que, aunque la MOE emite llamados simbólicos, son los congresistas de la Comisión de Acusaciones quienes deben definir la ruta a seguir frente a las investigaciones. “Frente a cualquier investigación o proceso que haya en el Congreso de la República, pues serán los congresistas quienes tendrán que definir en la Comisión de Acusaciones la ruta a seguir”, indicó. La prohibición de intervenir en política aplica a todos los funcionarios públicos, incluidos alcaldes, gobernadores, ministros y secretarios de despacho, y su presunta violación por parte del presidente Petro ha desatado un debate sobre los límites del rol institucional del mandatario en contextos electorales. Dentro de la propia Comisión de Acusaciones, varios congresistas han manifestado dudas sobre la viabilidad legal y operativa de la suspensión provisional, lo que añade incertidumbre al futuro de los procesos.
