La directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, denunció públicamente las amenazas, hostigamientos y asedios que sufren los funcionarios encargados de los desalojos de bienes provenientes de economías ilícitas en distintas regiones del país, incluida la capital. En un video reciente, Pérez solicitó investigaciones urgentes y garantías de seguridad a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, enfatizando que estas situaciones representan un riesgo directo para la integridad de los trabajadores y la continuidad de los procesos judiciales.
Los funcionarios afectados pertenecen a los equipos dedicados a la recuperación de inmuebles en procesos de extinción de dominio o administración estatal, labores que exigen el acompañamiento de la fuerza pública debido a la ocupación prolongada de estos predios por terceros. La SAE, encargada de administrar, custodiar y gestionar bienes incautados o extintos por actividades ilícitas, enfrenta estos incidentes no aislados que buscan obstaculizar la recuperación de propiedades ligadas a mafias, carteles de la toga y otras estructuras criminales.
Solicitud de apoyo total a las autoridades de control
Amelia Pérez subrayó la necesidad de un respaldo absoluto de los entes de control para proteger a los funcionarios y garantizar el avance de estas operaciones esenciales contra el crimen organizado. Como ejemplo reciente de estas intervenciones, la SAE impuso medidas administrativas sobre Fast Moda S.A.S., dueña de marcas como Lili Pink, Yoi y Lili Beauty, por presunto lavado de activos y contrabando, lo que ilustra la magnitud de los desafíos en la gestión de activos ilícitos.
“Son objeto de amenazas, de hostigamientos, de asedios, a raíz de su labor, que es la recuperación de estos predios que vienen y provienen de economías ilícitas”.
Amelia Pérez, directora de la SAE
“Solicitamos el apoyo total de todas las autoridades: Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, todos los entes de control, porque no podemos permitir que por el hecho de estar recuperando estos bienes, que se encuentran muchos aún en las manos de las mafias, de los carteles de la toga, de las marionetas, etcétera, etcétera, se vaya a pretender atentar contra estos funcionarios y la labor que desarrollan”.
Amelia Pérez, directora de la SAE
Esta denuncia pone de manifiesto la tensión entre el Estado y las redes criminales que aún controlan bienes estratégicos, recordando la importancia de fortalecer las medidas de protección para quienes ejecutan órdenes judiciales en el frente de la lucha contra la economía ilícita en Colombia.
