La directora de la Unidad para las Víctimas, Alix Dunieka Aguilar, se pronunció sobre la reciente decisión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, de eliminar varias consejerías presidenciales y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En sus declaraciones a El Tiempo, durante el cierre del cuatrienio, Aguilar expresó su respeto por las determinaciones del nuevo gobierno, pero advirtió que será la ciudadanía quien manifieste la necesidad de continuar con espacios de diálogo y reconciliación, considerados fundamentales para la estabilidad del país. La funcionaria subrayó que estas instancias han permitido avances concretos, como la reincorporación de firmantes de paz a la vida productiva y la creación de escenarios de perdón entre víctimas y victimarios.
La decisión de De La Espriella genera inquietud en sectores vinculados a la implementación de los acuerdos de paz y la reparación a las víctimas del conflicto armado. Aguilar señaló que, pese a los avances, el contexto sigue siendo complejo. «Es un reto gigante, porque nosotros no hablamos de un escenario de posconflicto, estamos hablando de un escenario en el marco del conflicto armado todavía. ¿Cómo reparas lo que todavía se está dañando, lo que se está deteriorando? Es difícil», afirmó la directora, quien destacó la resiliencia de las víctimas como el motor más poderoso de la institución.
Persistencia de la violencia y recursos insuficientes
La realidad del conflicto armado colombiano sigue siendo cruda, con aproximadamente 800 personas que diariamente se declaran víctimas. Este flujo constante de nuevos casos hace casi imposible cerrar el ciclo de atención, a pesar de los acuerdos de paz firmados en 2016. La Unidad para las Víctimas logró duplicar su presupuesto durante el cuatrienio saliente, pero millones de personas continúan sin recibir indemnización. De acuerdo con proyecciones de la Contraloría, al ritmo actual de asignación de fondos, se necesitarían 62 años para indemnizar a todas las víctimas registradas.
«Soy respetuosa de las decisiones del nuevo gobierno. Tengo la plena confianza de que van a poder tener estos espacios de diálogo, y que será la misma ciudadanía la que manifieste la necesidad de continuar en esos caminos de reconciliación, fundamentales para el país, que hoy nos permiten, por ejemplo, tener firmantes labrando la tierra y espacios de perdón y reconciliación entre víctimas y victimarios»
Alix Dunieka Aguilar, directora de la Unidad para las Víctimas
La directora fue enfática al señalar que la legislación vigente, tanto la Ley 1448 como su ampliación en la Ley 2421, exige una política pública respaldada por presupuestos multiplicados. «El reto es de recursos. Definitivamente, en la Ley 1448 y en la Ley 2421 el reto gigante es la asignación de recursos. Todo lo que llega del Ministerio de Hacienda lo entregamos, pero es insuficiente. Es una ley que necesita una política pública, que necesita recursos triplicados y cuadriplicados para poder atender más rápidamente las necesidades de las víctimas», explicó Aguilar. Asimismo, insistió en que la cooperación internacional debe enfocarse en financiar reparaciones colectivas, retornos, reubicaciones e indemnizaciones, antes que en estudios y diagnósticos que se acumulan sin traducirse en acciones concretas.
Pese a las dificultades, la Unidad destacó como uno de sus mayores logros la llegada a regiones históricamente marginadas como Chocó y el Pacífico colombiano. Aguilar explicó que la cercanía con las víctimas y la presencia en territorios apartados constituyen un avance significativo, aunque insuficiente ante la magnitud del desafío. Con la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las consejerías presidenciales, el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella enfrenta ahora el reto de demostrar que se mantendrán los caminos de reconciliación en un país donde el conflicto armado sigue dejando víctimas a diario.
