La directora de la Unidad para las Víctimas, Alix Dunieka Aguilar, se pronunció frente a la decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de eliminar varias consejerías presidenciales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y advirtió que será la propia ciudadanía la que reclame la continuidad de los espacios de reconciliación. En declaraciones a El Tiempo, en el marco del cierre de la administración saliente de la entidad, Aguilar afirmó que, aunque respeta la determinación del nuevo gobierno, confía en que la sociedad civil manifestará la necesidad de mantener los caminos de diálogo, fundamentales para el país. La decisión del mandatario electo ha generado inquietudes sobre el futuro de la política de víctimas y la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016.
La directora subrayó que el desafío de atender a las víctimas es mayúsculo, pues Colombia no vive un posconflicto, sino un conflicto armado aún activo. “Es un reto gigante, porque nosotros no hablamos de un escenario de posconflicto, estamos hablando de un escenario en el marco del conflicto armado todavía. ¿Cómo reparas lo que todavía se está dañando, lo que se está deteriorando?”, señaló Aguilar. La persistencia de hechos violentos en diversas regiones dificulta cerrar el ciclo de atención, pese al acuerdo de paz de 2016, y obliga a redoblar esfuerzos institucionales para acompañar a las comunidades afectadas.
Cifras que evidencian la magnitud de la deuda
Cada día, 800 personas se declaran víctimas del conflicto armado en Colombia, lo que refleja la dimensión del reto que enfrenta la Unidad. Aunque el presupuesto de la entidad se duplicó durante el cuatrienio, la directora fue enfática en que resulta insuficiente. Según la Contraloría, al ritmo actual de indemnizaciones y con los fondos disponibles, se necesitarían 62 años para reparar a todas las víctimas. “El reto es de recursos. Definitivamente, en la Ley 1448 y en la Ley 2421 el reto gigante es la asignación de recursos. Todo lo que llega del Ministerio de Hacienda lo entregamos, pero es insuficiente”, afirmó Aguilar, quien advirtió que las partidas presupuestales deberían triplicarse e incluso cuadriplicarse para cumplir con lo establecido en la normativa de víctimas.
En el balance de gestión presentado al cierre del cuatrienio, la Unidad destacó su llegada a regiones históricamente marginadas como Chocó y el Pacífico, donde la presencia estatal ha sido frágil. Aguilar señaló que la cooperación internacional debe transformar su enfoque y pasar de financiar estudios a respaldar acciones concretas de reparación colectiva, retornos, reubicaciones e indemnizaciones. Asimismo, calificó a la resiliencia y resistencia de las víctimas como “el poder más grande” de la institución, un motor que, según ella, seguirá impulsando la exigencia de verdad, justicia y reparación.
“Soy respetuosa de las decisiones del nuevo gobierno. Tengo la plena confianza de que van a poder tener estos espacios de diálogo, y que será la misma ciudadanía la que manifieste la necesidad de continuar en esos caminos de reconciliación, fundamentales para el país”.
Alix Dunieka Aguilar, directora de la Unidad para las Víctimas
La directora concluyó que, pese a la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otras consejerías, la voz de las víctimas y de las organizaciones sociales será determinante para preservar los espacios de diálogo. En un contexto donde la violencia persiste y las deudas históricas con las comunidades siguen sin saldarse, la advertencia de Aguilar pone sobre la mesa la necesidad de que las decisiones del Ejecutivo no desmantelen los avances logrados en materia de reconciliación y atención a quienes más han sufrido el conflicto armado en Colombia.
