La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo, denunció ante los órganos de control el pago de más de 400 millones de pesos por un contrato de arrendamiento de un predio en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, que nunca fue utilizado para el traslado del centro zonal local. El hallazgo se produjo durante una visita de seguimiento a los centros zonales afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que sacudió el suroccidente del país. En medio de esa gira por el departamento, Restrepo recibió la documentación que reveló la irregularidad: el contrato, suscrito el 24 de diciembre de 2025, fue objeto de una adición y una prórroga antes del 7 de agosto de 2026, sin que el inmueble hubiera entrado en funcionamiento para atender a la ciudadanía.
Según la información recopilada, el objetivo del arrendamiento era trasladar el centro zonal de Sevilla a un nuevo espacio, pero las adecuaciones necesarias nunca se realizaron. El personal continuó operando en la sede anterior, mientras el contrato se mantuvo vigente y fue prorrogado hasta el 31 de octubre de 2026. Hasta el 31 de julio de ese año, el monto acumulado pagado superaba los 400 millones de pesos. “Los documentos y evidencias serán puestos en conocimiento de los órganos de control para que se realice la investigación correspondiente y se determinen las responsabilidades y las medidas a que haya lugar”, declaró Restrepo, quien ha anunciado un control riguroso sobre los recursos destinados a la niñez y la adolescencia.
Respaldo presidencial y denuncia por amenazas
En paralelo a esta denuncia, la directora del Icbf presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas recibidas a través de tres perfiles en redes sociales, relacionadas precisamente con su gestión al frente de la entidad. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respaldó públicamente a Restrepo y rechazó de manera categórica cualquier intento de intimidación. “Ella está combatiendo la corrupción y no voy a permitir que los intentos de intimidación frenen su labor”, afirmó el mandatario en una declaración contundente.
“Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre. ¡Vamos por todos los corruptos que se roban los recursos del ICBF y les arrebatan a nuestros niños su bienestar y su futuro! Tendrán que responder ante la justicia”.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Sin embargo, la denuncia no ha estado exenta de controversia. El congresista Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde por el Valle del Cauca, respondió a la publicación del presidente afirmando que ganará la demanda y que la directora “no puede ofender a las familias colombianas, desconocer su diversidad y después victimizarse”. La polémica se suma al complejo panorama que enfrenta la funcionaria, quien promete mantener una vigilancia estricta sobre el uso de los dineros públicos y remitir cualquier irregularidad a las autoridades competentes, en medio de la crisis que dejó el sismo en la región.
