La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, defendió este 2 de noviembre en su cuenta de X (@carorestrepocan) el proyecto de ley de rescate económico radicado a finales de octubre por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso, generando una ola de críticas por su mensaje de que «todos debemos contribuir según nuestra capacidad». La funcionaria sustentó su respaldo en el desbalance de las cuentas públicas: según cifras del Ministerio de Hacienda que citó, el Estado recauda en promedio 29 billones de pesos mensuales pero enfrenta compromisos que superan los 40 billones, lo que hace urgente una corrección fiscal.
El proyecto de ley, que ya inició su trámite legislativo, se estructura en cinco ejes según Hacienda: corrección fiscal, devolución del IVA, fortalecimiento de la salud, estímulos a la inversión y reducción del gasto estatal. Restrepo explicó que la iniciativa prevé, entre otras medidas, la devolución completa del IVA a cerca de 19 millones de personas y hasta el 50 % a otros 16,5 millones, con la meta de que el giro se realice a diario una vez el sistema esté en pleno funcionamiento en 2028. El primer pago, calculado con base en la factura electrónica ligada al número de cédula, llegaría a más tardar el 20 de diciembre de 2027, ya sea a una cuenta bancaria o por envío postal para quienes no cuenten con ella. Además, la tarifa general del impuesto de renta empresarial se reduciría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde el año siguiente.
«Todos debemos contribuir según nuestra capacidad. Como Gobierno, tenemos que demostrar austeridad y responder por cada peso.»
María Carolina Restrepo, directora general del ICBF
Ajuste fiscal y riesgo laboral
La directora del ICBF detalló que el ajuste recae aproximadamente en un 70 % sobre el sector público, con una reducción del 50 % de los contratos de prestación de servicios para 2027 y una disminución del 20 % en el gasto salarial para 2028, exceptuando la fuerza pública. Asimismo, se revisarán más de 250 transferencias y 50 fondos públicos, y se otorgarán facultades especiales por seis meses para fusionar o suprimir entidades. No obstante, la medida ha generado alarma: el vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que unos 360.000 empleos están en riesgo. La funcionaria subrayó, sin embargo, que el 70 % del ajuste lo absorberá el sector público y que 97 de cada 100 pesos adicionales netos aportados por los hogares provendrán del 10 % de mayores ingresos, lo que intenta proteger a la clase media y a los sectores más vulnerables.
Restrepo no eludió la polémica al referirse a la herencia recibida: criticó la operación de deuda realizada en noviembre de 2022 por la administración de Gustavo Petro, cuando se reemplazó deuda en dólares con un interés anual del 4 % por otra con tasa del 8 %. La publicación también generó reacciones ciudadanas; algunos usuarios señalaron que sanear las finanzas públicas no puede implicar golpear a la clase media con más cargas tributarias y que la canasta familiar debería permanecer exenta, mientras otros cuestionaron la exención de impuestos a las iglesias.
«El esfuerzo vale la pena. Estamos poniendo las cuentas en orden para proteger los empleos, las empresas y el futuro de las familias colombianas.»
María Carolina Restrepo, directora general del ICBF
El proyecto también prevé gravar con IVA las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico e incluye incentivos para las compañías que inviertan y generen empleo. Quienes reciben actualmente la compensación del IVA conservarán ese apoyo durante la transición. Restrepo insistió en que el sacrificio colectivo es necesario para evitar una recesión y proteger el bienestar de las familias colombianas, aunque admitió que el camino implicará ajustes difíciles. La iniciativa, que el Gobierno defiende como una herramienta indispensable para ordenar las cuentas y evitar la pérdida masiva de empleos, continuará su debate en el Congreso en los próximos meses.
