A cien días de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, ocurrida el pasado 7 de agosto, dos altos cargos de la administración anterior continúan al frente de entidades clave sin que se haya materializado su reemplazo. Se trata de Elizabeth Blandón Bermúdez, directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), y Nicolás Corso Salamanca, presidente de la Central de Inversiones S.A. (Cisa). Ambos fueron designados durante el gobierno de Gustavo Petro y, según el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), siguen figurando con su cargo en vigor, a pesar de los decretos expedidos por el nuevo Ejecutivo para retirar a funcionarios heredados de la administración anterior.
Elizabeth Blandón fue nombrada directora del Icfes mediante el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023, en el último año de la administración Petro. Con más de 25 años de trayectoria en el sector público, su gestión se ha caracterizado por impulsar la descentralización de las evaluaciones educativas y la creación de un sistema de microcredenciales. Por su parte, Nicolás Corso Salamanca asumió la presidencia de Cisa el 25 de agosto de 2022. Corso, quien trabajó con Petro durante su alcaldía en Bogotá como gerente de Metrovivienda, también integró la junta directiva de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y representó al entonces presidente en el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander (UIS).
Señalamientos y procesos pendientes
La permanencia de Corso en el cargo ocurre en medio de un proceso penal que enfrenta por su gestión en Metrovivienda. En diciembre de 2020, la Fiscalía lo imputó por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por supuestas inconsistencias en un convenio de asociación firmado en 2013 por 9.600 millones de pesos, destinado al desarrollo del predio Usme II-Idipron. Además, fuentes consultadas por Caracol Radio señalaron a Corso como militante del movimiento Colombia Humana, mientras que su esposa, Tatiana Arévalo Uribe, fue nombrada notaria novena de Bucaramanga durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, una designación que el actual gobierno ha ordenado revisar dentro de su política de examinar las notarías entregadas al final del mandato anterior.
En el caso del Icfes, el nombre de Elizabeth Blandón también ha sido vinculado a controversias. En 2024, el portal Cuestión Pública reveló que al menos dos altos funcionarios designados por ella en la entidad tenían vínculos con el exsenador Julián Bedoya, quien es investigado por la obtención exprés de su título universitario. A pesar de estos señalamientos, ni Blandón ni Corso han sido removidos, y el nuevo gobierno, que ha ordenado revisar los nombramientos del final del mandato de Petro, no ha anunciado aún nombres para reemplazarlos. La oposición ha calificado estas medidas de revisión como similares al «macartismo», en referencia a la cacería de funcionarios y la purga política que ha emprendido la administración de De la Espriella contra los herederos del gobierno anterior.
