En el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo de 2026, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, alertó directamente al presidente Gustavo Petro sobre el riesgo inminente de que más de 19.800 predios incautados a mafias del narcotráfico sean devueltos a delincuentes debido a la falta de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esta denuncia se produjo durante una intervención verbal de Pérez en la sesión, donde también se mencionaron amenazas de muerte contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, en un contexto de avances significativos en la recuperación de tierras para la Reforma Agraria.
La situación se agrava por una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro que tiene pendiente una decisión en el Consejo de Estado, lo que podría obligar a devolver estos bienes al comercio si no se resuelven las medidas cautelares. Pérez enfatizó que estos predios provienen de procesos donde aún no hay fallos judiciales de extinción de dominio. En paralelo, entre 2024 y 2026, se han aprehendido 327 predios equivalentes a 81.915 hectáreas para la Reforma Agraria, mientras que la ANT ha adquirido más de 81.900 hectáreas, avances que han generado una ofensiva de las mafias para recuperar sus activos.
Amenazas contra funcionarios y campesinos
El presidente Petro reveló durante la reunión que Federico Almanza, señalado como presunto testaferro del llamado «cartel de las marionetas», amenazó con matar al director de la ANT, Felipe Harman. Amelia Pérez también ha recibido amenazas por negarse a devolver los bienes de inmediato. Ante esto, Petro instruyó al ministro de Defensa tomar nota y desplegar una unidad policial especializada para proteger a Harman y a todo el campesinado beneficiario de la Reforma Agraria en el Magdalena Medio, advirtiendo sobre una posible escalada de violencia ligada a estos procesos.
«Está pendiente en el Consejo de Estado que se tome una decisión, pero la situación es la siguiente, presidente: hay diecinueve mil ochocientos y pico de predios que están pendientes de que la Fiscalía General de la Nación haga la extinción de esas medidas cautelares que tenían esos bienes».
Amelia Pérez, directora de la SAE
«Si no se hace, esos bienes van a volver al comercio y son bienes de procesos que desgraciadamente todavía no hay una decisión de los jueces de extinción de dominio».
Amelia Pérez, directora de la SAE
Petro calificó esta situación como una «contrarreforma total» orquestada por las mafias para revertir los logros en la recuperación de tierras del narcotráfico destinadas a la Reforma Agraria, subrayando la necesidad de unidad institucional para evitar que Colombia devuelva bienes a la delincuencia organizada.
«El ministro de Defensa tome nota. El señor Almanza quiere matar al director de la ANP o… entonces, todo el campesinado de reforma agraria en Magdalena Medio tiene que ser cuidado».
Gustavo Petro, presidente
«Están en toda una ofensiva para recuperar los bienes y, entre otras, lograr unas sentencias favorables. Y eso no puede ser en Colombia, ¿devolverle los bienes a la mafia? Imagínense. Toda una contrarreforma total».
Gustavo Petro, presidente
La denuncia de Pérez, respaldada por reportes como el crédito de @activosSAE en X sobre las amenazas recibidas, pone en evidencia los desafíos de seguridad y judiciales que enfrenta el Gobierno en su apuesta por redistribuir tierras baldías y productivas, en un momento clave para consolidar los beneficios campesinos en regiones como el Magdalena Medio.
