Disidencia de Farc someterá a juicio revolucionario a nueve uniformados secuestrados

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La disidencia del Estado Mayor Central de las Farc-EP, grupo armado que se apartó del acuerdo de paz de 2016, anunció a través de un comunicado divulgado el pasado 10 de noviembre de 2026 que someterá a un «juicio revolucionario» a nueve integrantes de la fuerza pública que mantiene en su poder. Los retenidos, identificados por la organización como Jamerson Guachetá, José Larrahondo, José Buitrón, Bryan Toro, Harold Luis Ricardo, Jason García, Víctor Yepes, Anderson Sancha y Adrián Guevara, son calificados por el grupo como «prisioneros de guerra», una figura que la disidencia emplea en el marco del conflicto armado interno que aún azota al país. La decisión de llevar a cabo estos procesos se fundamenta en lo que denominan sus «normas internas de conducción de la guerra» y sus «principios revolucionarios».

La organización justifica esta medida acusando a los cautivos de haber participado en operaciones militares y tareas de inteligencia contra sus filas, vinculándolos directamente con el «proyecto contrainsurgente». En el comunicado, el Estado Mayor Central también se refirió a las difíciles condiciones del conflicto, señalando que «el conflicto social y armado colombiano nos coloca en estas circunstancias que extienden el dolor a familiares de soldados, policías y guerrilleros». A pesar de la gravedad del anuncio, el grupo aseguró que los retenidos gozan de «las mejores condiciones posibles durante su privación de la libertad» y afirmó haber enviado «pruebas de supervivencia» a sus familiares, como un gesto que, según ellos, demuestra el trato otorgado. No se precisaron ni las fechas ni los lugares donde ocurrieron las retenciones ni dónde se llevará a cabo el proceso anunciado.

Un llamado al debate nacional y la crítica al sistema penitenciario

Más allá del anuncio sobre los militares y policías retenidos, el comunicado de la disidencia de las Farc-EP incluyó una dura crítica al sistema penitenciario colombiano. La organización afirmó que los presos en las cárceles del país son «agredidos, torturados» y enfrentan severas restricciones para acceder a alimentos, agua y atención médica. Esta denuncia fue el preámbulo para un llamado que el grupo hizo a la sociedad colombiana: la necesidad de un «gran debate nacional» sobre las condiciones carcelarias y la política criminal del Estado. En esa misma línea, la organización reiteró su invitación a buscar una «solución política» al conflicto y, de manera particular, convocó a los jóvenes a no ingresar a la fuerza pública, en un intento por deslegitimar las instituciones castrenses.

«El conflicto social y armado colombiano nos coloca en estas circunstancias que extienden el dolor a familiares de soldados, policías y guerrilleros»

Comunicado del Estado Mayor Central de las Farc-EP

El anuncio de un «juicio revolucionario» representa una escalada en las acciones del Estado Mayor Central, una de las disidencias más activas y beligerantes que se desmarcaron del acuerdo de paz firmado en 2016. Al calificar a los nueve integrantes de la fuerza pública como «prisioneros de guerra», la organización busca insertar sus acciones en una narrativa de confrontación bélica, ignorando el estatus legal de estos uniformados como retenidos ilegales. La noticia, que no especifica plazos para el inicio del proceso ni las condiciones exactas bajo las que se desarrollará el «juicio», ha generado una ola de incertidumbre y rechazo, mientras las familias de Jamerson Guachetá, José Larrahondo y los demás retenidos permanecen a la espera de noticias que, hasta ahora, solo han llegado a través de la voz de sus captores.

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