El experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque advirtió que la facción de las disidencias de las Farc liderada por alias Calarcá, denominada Estado Mayor de los Bloques y Frentes, está condicionando el voto en varias regiones de Colombia mediante intimidación armada y control territorial, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio. Según Ubaque, la organización no busca una confrontación militar abierta con la fuerza pública, sino el dominio total sobre el comportamiento político en los territorios bajo su influencia, lo que se traduce en censos forzosos, carnetizaciones y amenazas contra líderes comunitarios, pastores y presidentes de Juntas de Acción Comunal, así como la prohibición de apoyar a candidatos de oposición o sectores de derecha.
Las zonas más afectadas por esta presión armada incluyen las Sabanas del Yarí, que abarcan partes de Meta, Guaviare y Caquetá, así como corredores estratégicos que conectan el centro del país con el suroriente y el Pacífico en Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare y el sur de Meta, además del norte de Antioquia. En total, al menos 99 municipios se encuentran en riesgo antes de la jornada electoral, según las denuncias recopiladas por organizaciones sociales y confirmadas por el analista. Los métodos de coerción incluyen citaciones obligatorias a líderes comunitarios, imposición de presentar el certificado de votación para circular en zonas rurales y verificaciones cruzadas entre censos comunitarios y resultados oficiales para detectar y sancionar a quienes no cumplan las directrices de voto.
Métodos de control electoral
Las disidencias han implementado un sistema de control que obliga a los transportadores locales a movilizar votantes con sus propios recursos, mientras la población es forzada a inscribir sus cédulas en puestos de votación controlados por la organización armada. Los mandos locales realizan verificaciones detalladas, comparando los censos comunitarios con los resultados oficiales, con el objetivo de identificar caseríos que no acaten las instrucciones y aplicar sanciones que van desde multas económicas hasta la expulsión del territorio. Este entramado de presión busca garantizar que el sufragio se incline a favor de intereses específicos, en un contexto donde la presencia del Estado es limitada y la fuerza pública enfrenta dificultades para garantizar la libre votación.
“La organización dirigida por alias Calarcá no persigue actualmente la confrontación militar abierta con la fuerza pública, sino el dominio total sobre el comportamiento político en los territorios bajo su influencia”
Juan Camilo Ubaque, experto en geopolítica
El trasfondo político de la ofensiva
De acuerdo con Ubaque, el trasfondo de esta ofensiva electoral se vincula con la defensa de la continuidad de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional, así como la garantía de espacios de negociación con el Estado. Sin embargo, el experto advierte que esos espacios de diálogo no representan una voluntad real de transición a la legalidad, sino una táctica de protección política y militar frente a otras facciones rivales, mientras se fortalece la economía derivada de la extorsión. La política de Paz Total, según el analista, ha permitido a estos grupos aumentar su capacidad logística y su pie de fuerza criminal, lo que agrava el control territorial en regiones históricamente golpeadas por el conflicto.
“Los espacios de diálogo no representan una voluntad de transición a la legalidad, sino una táctica de protección política y militar frente a otras facciones rivales, mientras se fortalece la economía derivada de la extorsión”
Juan Camilo Ubaque, experto en geopolítica
Las elecciones presidenciales del 21 de junio enfrentarán a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en un clima de alta tensión en las regiones donde el Estado Mayor de los Bloques y Frentes ha consolidado su presencia. El Plan Democracia, a cargo del general Erick Rodríguez, tiene como objetivo garantizar que las comunidades puedan votar libremente, pero las denuncias de hostigamientos y coacción señalan que, en la práctica, la sombra de las armas sigue condicionando la voluntad popular en vastos territorios del país.
