Las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, han instaurado un férreo control territorial en varios municipios de Caquetá, según una investigación publicada por Mongabay Latam y Vorágine. El esquema, documentado con testimonios de habitantes, análisis de organizaciones ambientales y expedientes judiciales, incluye extorsiones sistemáticas a ganaderos, ocupación de tierras, deforestación forzada y severas restricciones de movilidad. Los hechos corresponden al cuarto trimestre de 2025, con datos oficiales dados a conocer en julio de 2026, y se concentran en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano. La presencia del grupo, que ha crecido de 1.400 a unos 3.000 integrantes entre diciembre de 2022 y mediados de 2026 durante la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, se ha consolidado mediante reuniones obligatorias en las que se censan hectáreas y cabezas de ganado, estableciendo un cobro anual de 10.000 pesos por hectárea y por cada res, pagadero en efectivo o a través de la plataforma Nequi.
El modus operandi revela una estructura criminal minuciosa. Un habitante de la vereda Chorreras, en San Vicente del Caguán, relató que los disidentes preguntan: “¿A qué se dedica? ¿Tiene finca? ¿Tiene negocio? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántas cabezas de ganado tiene?”. Según la investigación, los cobros incluyen un “paquete de colonización” que ofrece 50 hojas de zinc para vivienda, 20 para cocina y una motosierra, además de un “fondo rotatorio” de ganado: los grandes propietarios aportan reses que se entregan a familias pobres para cría, y la vaca inicial se devuelve para reasignarla. La red de informantes, conformada por mototaxistas, identifica objetivos y fija montos de extorsión. Un exintegrante de la disidencia, Josías Cano López, alias Camándula, declaró en un expediente judicial que los cobros podían alcanzar hasta 600 millones de pesos. Las restricciones de movilidad incluyen la exigencia de carnés renovables cada seis meses para transitar por las veredas, con multas de hasta un millón de pesos o trabajos forzados por incumplimiento, además de retenes ilegales y toques de queda.
Cifras alarmantes de deforestación
La expansión de la frontera ganadera, impulsada por este control armado, tiene un impacto ambiental devastador. Caquetá concentró el 26,63% de las alertas de detección temprana de deforestación en el cuarto trimestre de 2025, perdiendo 9.078 hectáreas de bosque más que en el mismo periodo de 2024. En toda la Amazonía colombiana se perdieron 36.129 hectáreas en ese trimestre, 16.330 más que el año anterior. Cartagena del Chairá registró el 16,67% de las detecciones nacionales de deforestación y 244 kilómetros de vías ilegales nuevas entre 2024 y 2025. San Vicente del Caguán aportó el 4,37% de las alertas y 133 kilómetros de vías ilegales, mientras que Solano sumó el 4,97%. De 137 parches de bosque de más de 30 hectáreas en el bioma amazónico, 62 se ubicaron en Caquetá, y se identificaron 115 hectáreas de praderización dentro de una reserva forestal en Cartagena del Chairá. En octubre de 2025, las disidencias citaron a unas 200 personas en la vereda Chorreras para imponer sus condiciones.
Ante la oferta del “paquete de colonización”, una lideresa campesina identificada como María respondió en una reunión: “Que quede en el acta que nosotros no estamos de acuerdo con esto y no vamos a enviar a nadie”. Las comunidades rechazaron la propuesta al no poder asumir labores de protección ambiental mientras se deforesta, y advirtieron que no respaldarían a quienes talaran bosques si las autoridades iniciaban procesos penales. El investigador Camilo González, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explicó que “la ganadería es poco rentable, pero al cabo de los dos años ha aumentado el precio [del terreno], es un retorno muy alto”. Este mecanismo de acaparamiento de tierras, a menudo financiado por “terratenientes ausentistas” que viven en ciudades como Bogotá o Neiva, incrementa el valor del suelo mediante la conversión de bosque en potreros.
“La deforestación en un territorio de este tipo, cruzada con economías criminales, no es solo un desastre forestal, sino una crisis climática”
Paulo Ilich Vacca, director de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia
El EMBF opera también en el sur del Meta, Guaviare y Putumayo, y su crecimiento durante la Paz Total ha generado preocupación. La investigación, basada en testimonios, análisis de organizaciones ambientales y expedientes judiciales, documenta cómo el control armado incluye retenes ilegales, toques de queda y un sistema de carnés expedidos por Juntas de Acción Comunal para transitar por las veredas. Mientras la ganadería avanza sobre ssonas de reserva forestal y áreas cercanas a parques nacionales, la crisis se profundiza: el dinero de las extorsiones y la deforestación forzada se convierten en el combustible de una guerra que no solo destruye bosques, sino que amenaza la estabiliad climática de toda la región.
