Las disidencias de las Farc, específicamente la columna Jaime Martínez, han puesto en marcha una sofisticada modalidad de secuestro selectivo contra empresarios colombianos, utilizando falsas ofertas comerciales como anzuelo para captar a sus víctimas en Cali y exigir rescates que oscilan entre los 200 y 800 millones de pesos colombianos, según el perfil económico de cada persona. Esta estrategia criminal, que se ha intensificado desde finales de 2025, fue evidenciada en un caso ocurrido en abril de 2026, cuando un empresario colombobritánico de más de 60 años cayó en la trampa tendida por este grupo armado ilegal.
El modus operandi de estas organizaciones es meticuloso y engañoso. Las víctimas, todas hombres de entre 45 y 65 años, son contactadas inicialmente mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, donde se les presenta una oportunidad de negocio que luce completamente legítima. Los delincuentes simulan negociaciones reales: elaboran contratos preliminares, cartas de intención con membrete, y utilizan referencias verificables, videoconferencias e incluso el NIT de sociedades que existen legalmente. Una vez que la víctima acepta la cita, es interceptada en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, o en la terminal de transportes de Cali, y de inmediato es trasladada a zonas montañosas de difícil acceso en Jamundí, donde la columna Jaime Martínez mantiene sus campamentos y corredores de movilidad.
El perfilamiento de las víctimas
Los empresarios seleccionados para estos secuestros no son elegidos al azar. Según la información recopilada, los criminales realizan un perfilamiento previo exhaustivo que incluye datos sobre ingresos, propiedades, bienes y entorno familiar. Las víctimas pertenecen a sectores con alto movimiento de capital, como la construcción, la minería, la agroindustria y la maquinaria pesada. Un defensor de derechos humanos citado por la revista Semana explicó que esto no es improvisado, sino que los delincuentes tienen información que solo se consigue con inteligencia previa: saben cuánto gana la persona, qué propiedades tiene y si tiene familiares en el exterior. Las exigencias económicas se ajustan al perfil de cada víctima, presionando a las familias para que reúnan las sumas mediante la venta de propiedades o la liquidación de activos.
El drama de las familias y la impunidad
Los familiares de los secuestrados viven una pesadilla que se extiende por semanas. El proceso de contacto y engaño puede durar varios días, durante los cuales los delincuentes mantienen una fachada de normalidad. Una vez consumado el secuestro, las negociaciones se tornan angustiantes y las familias se ven forzadas a pagar rescates que pueden alcanzar los 800 millones de pesos. Un familiar de una de las víctimas relató: «Le mandaron un contrato preliminar, una carta de intención con membrete y todo. Mi familiar no tenía razón para desconfiar. Era un negocio como muchos otros que había cerrado antes». El miedo a las represalias y la presión económica hacen que muchas de estas víctimas no denuncien formalmente los hechos. En al menos dos casos confirmados, las familias pagaron el rescate y las víctimas fueron liberadas en sectores rurales del sur del Valle del Cauca, con instrucciones explícitas de no acudir a las autoridades.
«Lo que estamos viendo es una mutación del secuestro tradicional. Ya no es el político de los años noventa ni el masivo de carretera. Es un secuestro de alto valor, quirúrgico, que usa las herramientas del mundo de los negocios para operar. Y eso lo hace mucho más difícil de prevenir»
Defensor de derechos humanos entrevistado por Semana
La columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc opera con relativa impunidad en la zona montañosa de Jamundí, sur del Valle del Cauca, donde mantiene corredores de movilidad que dificultan la acción de la fuerza pública. Este contexto geográfico, sumado a la naturaleza sigilosa de los secuestros, ha llevado a que muchas víctimas opten por el silencio, perpetuando un ciclo de criminalidad que las autoridades apenas comienzan a dimensionar. La situación representa un desafío mayúsculo para los organismos de seguridad, que deben adaptarse a una modalidad de secuestro que emplea las herramientas del mundo de los negocios para camuflar sus verdaderas intenciones.
