Una escalofriante serie de ataques armados y atentados con explosivos perpetrados por las disidencias de las FARC bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de frentes como Jaime Martínez, Adán Izquierdo, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño, Andrés Patiño y Franco Benavides del Bloque Occidental Jacobo Arenas, sacudió el suroccidente de Colombia entre el 24 y el 28 de abril de 2026. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), estos actos incluyeron el uso de cilindros bomba, explosivos, hostigamientos armados, incendios, retenes ilegales y una masacre, dirigidos contra objetivos militares, policiales y civiles en municipios de Cauca como Miranda, Corinto, El Tambo, Patía, Suárez, Padilla, Guachené, Cajibío, Caloto, Mercaderes, Argelia, Inzá, Villa Rica y Santander de Quilichao; en Nariño, Taminango y Pasto; y en Valle del Cauca, Cali, Palmira, Jamundí, Toro y Dagua. Los atacantes emplearon drones, fusiles, vehículos bomba y granadas, en un repunte de violencia atribuido a estas disidencias surgidas tras el Acuerdo de Paz.
La ofensiva se extendió durante cuatro días intensos, iniciando el 24 de abril con ataques en Cali, Palmira, Miranda y Corinto; continuando el 25 en El Tambo, Patía, Suárez, Padilla, Miranda, Guachené, Corinto, Cajibío, Caloto, Mercaderes, Jamundí, Palmira, Taminango y Pasto; el 26 en Argelia, Jamundí y Toro; y cerrando los días 27 y 28 en Taminango, Pasto, Dagua, Inzá, Villa Rica y Santander de Quilichao. Aunque Indepaz documentó estos eventos en su cuenta de Instagram, algunos casos permanecen sin autoría determinada, lo que complica la respuesta de las autoridades ante el uso innovador de drones y explosivos en zonas rurales y urbanas.
Desafíos para las autoridades en vísperas electorales
Este repunte de violencia por parte de estructuras armadas posdesmovilización de las FARC-EP representa un grave desafío para las autoridades, especialmente ad portas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, cuando se requiere una intervención estatal e internacional reforzada para contrarrestar tácticas como los drones y los explosivos indiscriminados.
«el uso de drones y explosivos indiscriminados en zonas rurales y urbanas revela una absoluta degradación moral, donde el terrorismo se impone sobre cualquier principio de humanidad y respeto por la vida»
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
La situación subraya la urgencia de acciones decididas para restaurar la seguridad en el suroccidente colombiano, donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado de estas disidencias, exigiendo una respuesta coordinada que prevenga mayores tragedias en el camino hacia las urnas.
