Grupos armados disidentes han tomado el control de varias escuelas en regiones como Cauca, específicamente en El Tambo y Argelia, así como en Nariño, Valle del Cauca, Sierra Nevada y Catatumbo, convirtiéndolas en campamentos armados, depósitos de explosivos, puntos de control y centros de reclutamiento de menores. Esta situación, documentada en reportes entre 2024 y 2025, ha impedido el retorno de los niños a las aulas, según denuncias oficiales respaldadas por imágenes de hombres armados en las instalaciones educativas. El coronel Jesús María Garzón López y la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes han alertado sobre estos hechos graves.
En lo que va de este período, se han registrado al menos 12 incidentes graves en entornos escolares, incluyendo un caso donde la matrícula de una institución educativa cayó drásticamente de 440 a 240 estudiantes debido a la deserción forzada por el conflicto. El deterioro de la seguridad en zonas rurales y las dinámicas persistentes del conflicto armado explican esta ocupación, que también involucra denuncias de escuelas utilizadas para esconder cuerpos, amenazas a docentes y un incremento en el reclutamiento forzado, ataques y violaciones contra menores.
Impacto humanitario y violaciones al Derecho Internacional
La Comisión Intersectorial ha emitido un pronunciamiento oficial que resalta los riesgos humanitarios derivados de la suspensión indefinida de clases y las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Estas acciones no solo afectan la educación de los niños, sino que generan un círculo vicioso de amenazas y desplazamientos en comunidades vulnerables.
«Los niños no han podido volver a ir a estudiar»
Coronel Jesús María Garzón López, citado por Revista Semana
El Gobierno nacional ha rechazado categóricamente estos hechos y exige el cese inmediato de cualquier acción contra menores por parte de los grupos armados, incluidos aquellos que participan en procesos de diálogo. Esta crisis subraya la urgencia de fortalecer la presencia estatal en estas zonas para garantizar el retorno seguro a las aulas y proteger la infancia en medio del conflicto.
