En la tarde del 29 de octubre de 2025, la Universidad del Atlántico, ubicada en Barranquilla, vivió un episodio de caos total relacionado con la elección del rector Leyton Barrios, actual secretario de Educación del Atlántico y candidato a rectoría. Estudiantes protagonizaron desmanes y bloqueos de las entradas, ocuparon pasillos y las vicerrectorías, incendiaron un pendón y dejaron grafitis, mientras siete facultades declaraban paro y se registraba la evacuación de buena parte del personal educativo. Los protocolos de seguridad se activaron para contener la situación y proteger a la comunidad universitaria.
Entre los protagonistas de esta crisis figuran Leyton Barrios y Miguel Caro, director de la Oficina de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social y miembro del Consejo Superior, junto al rector actual, Danilo Hernández. A la izquierda y a la derecha del tablero político también aparece Eduardo verano, gobernador del Atlántico, cuyo rechazo a los hechos quedó explícito. El conflicto se intensifica ante señalamientos sobre irregularidades y posibles alianzas políticas o burocráticas en el proceso de designación, y ante la solicitud de intervención por parte del Ministerio de Educación para evitar que la situación se agrave.
Como antecedentes relevantes, el 14 de octubre de 2025 ya se habían registrado disturbios en el campus con ocupación de vicerrectorías, quema de pendones y grafitis, en medio de un debate sobre la posible modificación de normas para permitir la reelección del rector actual, Danilo Hernández. Este cuadro de tensión previa amplificó la respuesta de la comunidad ante la decisión designada y la controversia que rodea el proceso.
Las cifras oficiales señalan que siete facultades se declararon en paro, y, si bien no se publicó un conteo exacto, se confirmó la evacuación de buena parte del personal educativo ante la magnitud de la protesta y las acciones de los manifestantes. El impacto institucional y social de la jornada ha llevado a intensificar las medidas de seguridad, así como a llamar a una mesa de diálogo que busque desescalar la situación y restablecer la normalidad educativa.
Protestas estudiantes y llamada a intervención ministerial ante la crisis universitaria
En medio de la tensa coyuntura, la Universidad difundió un comunicado instando a la calma y al diálogo, y el equipo de seguridad activó protocolos de salvaguarda para proteger a docentes, alumnos y personal administrativo. El desafío expuesto por los hechos relega a un segundo plano la agenda académica y sitúa en el centro del debate la transparencia y la participación en procesos de designación, con la sospecha de que existen intereses políticos detrás de la designación.
«actuar con responsabilidad y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la integridad física de los miembros de la institución o el desarrollo normal de las actividades» – Universidad del Atlántico
«Como presidente del Consejo Superior, rechazo de manera categórica el ataque vandálico ocurrido en el alma mater. Estos hechos son inaceptables y atentan contra la paz, la convivencia y los valores democráticos de nuestra comunidad universitaria» – Eduardo verano, gobernador del Atlántico
La cobertura de la jornada resalta que, más allá de la explosión de violencia, persiste una presión social y institucional para que el Ministerio de Educación y el Gobierno nacional intervengan ante una situación que ha tensionado fuertemente la vida académica y la convivencia en la región. En términos prácticos, el contexto político continúa cuestionando la legitimidad del proceso y la forma como se comunicaron y manejaron las reglas del juego institucional, con reclamos insistentes sobre transparencia, participación y la integración de la comunidad universitaria en decisiones decisivas.
