División en Congreso por emergencia económica de Petro: Senado cita control político el 26 de diciembre

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La declaración de emergencia económica por parte del presidente Gustavo Petro ha generado una profunda división entre los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes en el Congreso de Colombia. Mientras Lidio García, del Partido Liberal y presidente del Senado, convocó sesiones para el próximo 26 de diciembre con el fin de realizar un control político al Decreto 1390 y otros adoptados bajo esta medida, Julián López, de La U y presidente de la Cámara, respalda la necesidad de estas herramientas excepcionales. Esta confrontación surge tras el fracaso de la reforma tributaria, que buscaba recaudar 16,6 billones de pesos, y ante riesgos sociales y fiscales que el Gobierno atribuye a la caída de precios del petróleo y el carbón, así como a deudas pendientes.

El mensaje presidencial se emitió el 23 de diciembre, en medio de la citación inicial del Senado por ascensos militares y policiales, donde el representante Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentará una proposición para examinar los decretos. La Corte Constitucional revisará la constitucionalidad de la emergencia después de la vacancia judicial en enero, un proceso que Petro presiona para que mantenga su vigencia y evite una crisis. Entre las cifras que encienden el debate destacan las obligaciones fiscales en salud por 3,7 billones adicionales, pagos omitidos en 2025 que ascienden a 20 billones —de los cuales 15 billones se cubrirían con presupuesto público—, una emisión de deuda por 23 billones a un solo oferente y subsidios de Finagro superiores a 400 millones de pesos destinados a figuras como Juan José Lafaurie.

Posturas opuestas de los líderes del Congreso

Lidio García considera la emergencia inconstitucional y una usurpación de competencias legislativas, insistiendo en la autonomía del Congreso tras el rechazo por dos veces de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Senado. En contraste, Julián López defiende su implementación ante los riesgos sociales reales, argumentando que negarla dejaría a la gente desprotegida. El Gobierno, por su parte, critica el rechazo a la reforma tributaria 3.0, la política del Banco de la República y los subsidios a los megarricos, en un contexto de presiones fiscales agravadas.

«El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta»

Lidio García, presidente del Senado

«Negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola»

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes

Presiones de Petro a la Corte Constitucional

Gustavo Petro ha intensificado sus declaraciones, llamando a la sensatez del Gobierno y la Corte para continuar el progreso del país, advirtiendo que un fallo en contra oscurecería el horizonte económico. Además, felicitó a la Corte por no convocar sesiones extraordinarias ilegales solicitadas por los megarricos, a quienes acusa de beneficiarse de subsidios pagados por el pueblo colombiano para engrosar sus fortunas sin trabajar. La decisión de la Corte definirá si Colombia sigue su ruta de recuperación o entra en un camino de crisis, según el mandatario.

«Le toca al gobierno la sensatez, a través de la emergencia, de continuar el progreso en Colombia y espero ocurra lo mismo con la Corte Constitucional. Si no, seguiremos con la sensatez, pero el horizonte se tornará oscuro»

Gustavo Petro, presidente de Colombia

«La corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica»

Gustavo Petro, presidente de Colombia

«Felicito a la corte por no citar extraordinarias ilegales como lo pedían los megarricos del país después de meter en su bolsillo los subsidios que el pueblo colombiano les ha dado y con los que aumentan sus fortunas sin trabajar»

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Esta emergencia, decretada tras el hundimiento definitivo de la reforma tributaria, pone a prueba las instituciones democráticas en un momento crítico para la estabilidad fiscal del país, con el control político en el Senado y la revisión judicial como próximos capítulos de esta tensa disputa política.

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