La declaración de emergencia económica por parte del presidente Gustavo Petro, mediante el Decreto 1390, ha generado una profunda división entre los presidentes del Congreso de Colombia. Lidio García, del Partido Liberal y presidente del Senado, y Julián López, de La U y presidente de la Cámara de Representantes, han manifestado posturas opuestas frente a esta medida, adoptada tras el rechazo de la reforma tributaria 3.0 en el Senado. El gobierno argumenta que responde a riesgos fiscales y sociales derivados del fracaso de la reforma, que buscaba recaudar 16,6 billones de pesos, así como obligaciones fiscales adicionales por 3,7 billones, una deuda emitida de 23 billones y pagos omitidos en salud para 2025 que ascienden a 20 billones, de los cuales 15 billones se cubrirían con presupuesto público. Petro anunció esta decisión en un mensaje el 23 de diciembre, mientras el Senado fue convocado para una sesión de control político el 26 de diciembre, inicialmente destinada a ascensos militares y policiales, donde el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentará una proposición de examen riguroso a los decretos bajo estado de excepción.
Las tensiones institucionales se agudizan por la caída en los precios del petróleo y el carbón, el rechazo previo a la ley de financiamiento y la política monetaria del Banco de la República. Además, el presidente Petro ha criticado subsidios a los megarricos, que superan los 40 billones de pesos, y específicamente los de Finagro, por más de 400 millones, dirigidos a figuras como el ganadero Juan José Lafaurie. La Corte Constitucional revisará la medida tras la vacancia judicial en enero, sin interrumpir su receso, lo que definirá su vigencia y podría determinar si el país sigue una ruta de recuperación o entra en crisis económica, según las palabras del mandatario.
Posturas opuestas en el Capitolio
Desde el Senado, Lidio García defendió la autonomía del Congreso al afirmar que citarán y examinarán con rigor los decretos, subrayando que su independencia permanece intacta. Por su parte, Julián López, en la Cámara, respaldó la necesidad de herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales, advirtiendo que negarlas dejaría a la gente desprotegida. Estas posiciones contrastantes profundizan el escrutinio y debate en los meses entrantes entre los poderes públicos.
«El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta»
Lidio García, presidente del Senado
«Negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola»
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes
El mensaje presidencial y la mirada a la Corte
Gustavo Petro instó al gobierno a actuar con sensatez a través de la emergencia para continuar el progreso nacional, expresando esperanza en que la Corte Constitucional respalde la medida. Criticó duramente a los opositores, a quienes llamó megarricos beneficiados por subsidios del pueblo colombiano, y felicitó a la Corte por no convocar sesiones extraordinarias ilegales solicitadas por ellos tras enriquecerse sin trabajar.
«Le toca al gobierno la sensatez, a través de la emergencia, de continuar el progreso en Colombia y espero ocurra lo mismo con la Corte Constitucional. Si no, seguiremos con la sensatez, pero el horizonte se tornará oscuro»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«La corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Felicito a la corte por no citar extraordinarias ilegales como lo pedían los megarricos del país después de meter en su bolsillo los subsidios que el pueblo colombiano les ha dado y con los que aumentan sus fortunas sin trabajar»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
En última instancia, la Corte Constitucional tendrá la palabra final sobre la vigencia de esta emergencia económica, en un contexto de creciente tensión institucional que pone a prueba los equilibrios entre el Ejecutivo y el Legislativo en Colombia.
