La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en Colombia evidenció profundas divisiones internas entre congresistas oficialistas respecto a si archivar o iniciar una investigación penal contra el presidente Gustavo Petro Urrego por presuntas violaciones de topes electorales durante su campaña presidencial de 2022. La fractura se agudizó en el comité integrado por tres representantes afines al Gobierno, donde el ponente Alirio Uribe propuso una resolución inhibitoria para cerrar el caso, mientras la presidenta Gloria Arizabaleta expresa dudas y evalúa solicitar más diligencias debido a discrepancias entre el material del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el expediente, y el representante Wílmer Carrillo, del Partido de la U, podría emitir un auto para abrir la pesquisa formal.
El debate se intensifica ante el vencimiento del mandato de la Comisión el próximo 20 de julio, fecha después de la cual el expediente pasaría a una nueva instancia posiblemente dominada por la oposición. Las tensiones surgieron tras la reciente condena a Carrillo a 99 meses de prisión, equivalentes a ocho años, por su rol como exsecretario de Infraestructura de Norte de Santander en un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, lo que genera en él temores de prevaricato si se archiva el caso. Además, el CNE ya impuso una sanción superior a los 5.300 millones de pesos a la dirigencia de la campaña de Petro, en un contexto donde el mandatario enfrenta cerca de 200 procesos penales y disciplinarios.
Propuesta de archivo y resistencia interna
Alirio Uribe, como ponente, impulsa una resolución que frenaría cualquier investigación penal contra Petro por delitos como financiación con fuentes prohibidas, violación de topes de pago, omisión de información de aportantes y fraude procesal, argumentando atipicidad en la conducta. Sin embargo, Arizabaleta cuestiona las pruebas disponibles y considera pedir más información para dilucidar las diferencias con el fallo del CNE, mientras Carrillo, marcado por su propia condena por corrupción, advierte riesgos legales en un archivo apresurado.
«Se ordena proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente, y abstenerse de abrir investigación formal en su contra por atipicidad de la conducta, respecto de los delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de pago, omisión de información del aportante, fraude procesal»
Documento propuesto por Alirio Uribe, representante a la Cámara
Esta división en el comité oficialista pone en jaque la estrategia del Gobierno para blindar al presidente en medio de la pesquisa por irregularidades electorales de 2022, y podría derivar en un expediente que recale en manos opositoras si no se resuelve antes del plazo fatal, acentuando la presión política sobre Petro en un año cargado de controversias judiciales.
