DNI solicitó censo electoral a la Registraduría; entidad negó entrega

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La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo la dirección encargada de René Guarín, solicitó formalmente a la Registraduría Nacional una copia del censo electoral dos meses antes de la primera vuelta presidencial de 2026, prevista para el 31 de mayo. La petición, enviada el 9 de abril mediante una comunicación escrita identificada como “Envío de información de contrainteligencia”, exigía un archivo plano con datos personales y electorales de los votantes, incluyendo número de cédula, edad, género, grupo poblacional y puesto de votación. La Registraduría, sin embargo, negó el acceso por considerar que la solicitud carecía del sustento legal necesario, marcando un hecho sin precedentes en la historia electoral colombiana.

La solicitud se produjo en un clima de creciente tensión institucional. El presidente Gustavo Petro había declarado el 26 de febrero que Colombia enfrentaba un “inmenso peligro de fraude electoral”, cuestionando a las autoridades electorales. Días después, el 18 de marzo, la propia DNI publicó un comunicado alertando sobre posibles ciberataques a entidades estatales, incluyendo a la Registraduría, que podrían alterar datos electorales. Fue en este contexto que Guarín, argumentando razones de seguridad nacional y contrainteligencia, envió la carta solicitando el censo electoral, supuestamente para “procesos de interoperabilidad y análisis” en los sistemas de la DNI.

Registraduría se niega a entregar el censo

El entonces registrador nacional, Juan Carlos Galindo, calificó la petición como absolutamente sorpresiva, señalando que nunca antes en la historia se había presentado una solicitud de ese tipo ni la Registraduría había accedido a brindar esa información. La entidad rechazó la petición tras revisar los argumentos de la DNI, y la dependencia de inteligencia se vio obligada a buscar otras alternativas para obtener los datos. El exregistrador advirtió que la entrega del censo electoral a un tercero con información detallada podría facilitar el constreñimiento electoral, la compra de votos u otras irregularidades o delitos electorales.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), reforzó esta posición al afirmar que la entrega del censo electoral a un tercero con la información detallada puede llevar fácilmente a constreñimiento electoral, puede llevar fácilmente a la compra de votos o a cualquier otro tipo de anomalía, irregularidad o delito electoral. La directora de la MOE planteó además la necesidad de revisar los mecanismos de control sobre la DNI por estar adscrita directamente a la Presidencia de la República.

«Fue absolutamente sorpresivo conocer esa circunstancia, porque además nunca en la vida se ha presentado que haya una petición en ese sentido y tampoco nunca que la Registraduría haya accedido a brindar esa información».

Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional

«La entrega del censo electoral a un tercero con la información detallada puede llevar fácilmente a constreñimiento electoral, puede llevar fácilmente a la compra de votos o a cualquier otro tipo de anomalía, irregularidad o delito electoral».

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE)

La controversia ocurrió en medio de una ola de ataques cibernéticos contra la Registraduría. Desde marzo, la entidad presentó 71 denuncias por estos ataques, y entre la primera y la segunda vuelta presidencial se registraron 109 millones de ataques contra su página web. A pesar de la magnitud de los intentos, ninguno logró afectar el sistema electoral, según informó la propia Registraduría. No obstante, la DNI mencionó en informes internos a Carlos Oyola como el presunto líder de una red dedicada a atacar la entidad y cambiar los resultados de la votación del 21 de junio, correspondiente a la segunda vuelta.

Oyola, señalado como hacker, fue objeto de una orden de captura emitida el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta del 31 de mayo. Finalmente, fue enviado a prisión el viernes 13 de noviembre de ese mismo año por decisión de un juez de Bogotá. La captura del hacker se produjo tras la negativa de la Registraduría a entregar los datos y mientras la DNI buscaba otras vías para acceder al censo electoral, en un episodio que ha encendido las alarmas sobre la protección de la información electoral y los límites del poder de los organismos de inteligencia en el país.

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