Documentos de inteligencia militar a los que tuvo acceso Caracol Radio respaldan las denuncias formuladas por el mayor general Erick Rodríguez sobre presiones de grupos armados ilegales durante el proceso electoral reciente, mientras la permanencia del oficial en el Ejército continúa sin definirse. Según la información conocida, las comunidades rurales de Caquetá, Meta y Guaviare fueron sometidas a un sistema de coacción que incluía carnetización, censos comunitarios y la exigencia del certificado electoral, prácticas que los documentos califican como una “auditoría criminal del sufragio”. La situación del general Rodríguez, quien se desempeñaba como subjefe de Operaciones del Comando General y subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, permanece en vilo, pues su eventual retiro habría sido frenado temporalmente por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
La estructura de control electoral habría sido liderada por alias La Morocha, quien contaría con una red de 95 civiles organizados para ejecutar la logística de la coacción. A esto se suman entre 30 y 40 integrantes de guardias campesinas que habrían participado en el operativo. La facción del GAO-r comandada por alias Calarcá promovió la creación de fondos comunitarios destinados a financiar esta estructura ilegal, que incluía la instalación de mesas de votación autónomas y el control directo de las urnas. Las comunidades que no presentaran el certificado de votación se exponían a sanciones, multas o incluso la expulsión de sus territorios. La Alerta Temprana 013-25 de la Defensoría del Pueblo ya había identificado riesgos electorales en estos mismos departamentos, lo que refuerza la credibilidad de las denuncias del oficial.
Un alto oficial en el limbo
El mayor general Erick Rodríguez, con 35 años de carrera militar, permanece en condición de Personal Agregado al Comando del Ejército, conocido como Pace, y se tomaría vacaciones mientras se resuelve su situación. Existen versiones contradictorias sobre si el acto administrativo de su retiro ya fue remitido a la Casa de Nariño, y ni el Gobierno nacional ni las Fuerzas Militares han explicado públicamente las razones de su eventual salida. Rodríguez, quien comandó la Tercera División del Ejército y fue segundo comandante de la institución antes de llegar al Comando General, ha visto su futuro profesional en suspenso desde que denunció las presiones ilegales.
El uso de Juntas de Acción Comunal para convocar asonadas contra la Fuerza Pública habría sido otra de las estrategias detectadas por la inteligencia militar, lo que agrava el panorama de coacción. Ante este escenario, figuras políticas como la senadora Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han cuestionado públicamente la eventual salida del oficial, mientras las denuncias de Rodríguez encuentran respaldo documental que aún no ha sido refutado por las autoridades.
