Dos ataques armados perpetrados en las últimas horas en el departamento del Valle del Cauca sacuden el suroccidente colombiano y encienden las alarmas sobre la seguridad de líderes políticos y sociales a una semana de la posesión presidencial. Los hechos, ocurridos en el municipio de Florida y en la vía entre Yumbo y Dapa, dejaron un saldo de al menos dos víctimas mortales y tuvieron como blancos a autoridades indígenas de un resguardo local y al diputado del Pacto Histórico, Yesid Sandoval. La gravedad de la situación provocó una inmediata reacción del presidente saliente, Gustavo Petro, quien denunció lo que calificó como un ataque del “fascio narcotraficante” y solicitó la organización de “guardias libertadoras” comunitarias para hacer frente a la escalada de violencia.
La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, fue la primera en alzar la voz a través de redes sociales, vinculando los atentados con el clima de transición gubernamental. “Dos atentados, uno contra autoridades indígenas de resguardo en Florida Valle, y otro contra el diputado del Pacto Histórico en el Valle del Cauca Yesid Sandoval, a una semana de la posesión de Abelardo de la Espriella en una universidad privada de Cali, exige la máxima alerta frente a garantías a la oposición política”, advirtió Muhamad, subrayando la tensión que envuelve el cambio de mando. El presidente Petro fue más allá en su diagnóstico, señalando directamente a estructuras vinculadas con el narcotráfico y el extremismo político. “Atenta el fascio narcotraficante a las organizaciones populares del Cauca con atentados contra la vida de verdad”, escribió el mandatario, para luego sentenciar: “Atentado contra las autoridades indígenas y contra el diputado del Pacto Histórico, comenzó el tradicional baile rojo de la muerte”.
La propuesta de las guardias libertadoras
Ante el recrudecimiento de la violencia, que se escenifica en un contexto de alta conflictividad en el suroccidente colombiano, Gustavo Petro lanzó una controvertida propuesta: la conformación de “guardias libertadoras”. En una serie de mensajes, el presidente saliente detalló el mecanismo de estas fuerzas comunitarias. “Solicito al movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular”, afirmó. Petro fue explícito en que estas estructuras no serían nuevos grupos paramilitares, sino un ejercicio de autodefensa popular. “Las guardias libertadoras son formas de milicia popular que deben actuar en coordinación con el ejército nacional allí donde el ejército decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo”, explicó el mandatario, quien además precisó que “las guardias libertadoras solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea, es la comunidad la que decide si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión”.
«No hablamos de un nuevo paramilitarismo sino del derecho del pueblo a defender su vida»
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia
En su diagnóstico, Petro también apuntó contra la cadena de mando militar, sugiriendo que si los mandos se alinean con intereses criminales, la tropa tiene derecho a exigir cambios o a desobedecer órdenes que atenten contra la ciudadanía. El presidente insistió en que las guardias deben mantenerse alejadas del narcotráfico, al que identificó como “una fuerza mortal contra el pueblo en el territorio”. El mandatario propuso que el próximo 7 de agosto, fecha de la posesión de Abelardo de la Espriella, se convoquen asambleas populares en Cali y otras regiones para iniciar la organización de estas guardias. “La amenaza va en serio y en serio debemos organizarnos, no es el momento de candidaturas y egos”, sentenció Petro, quien vinculó el éxito de las futuras elecciones locales de 2027 con la capacidad de proteger las reformas sociales y consolidar territorios libres de lo que denominó “fascismo”. El llamado final del presidente fue a convertir las mayorías progresistas en fuerza electoral y en un ejercicio cotidiano de soberanía popular, en medio de una espiral de violencia que pone en duda las garantías para la oposición política y las comunidades en el Valle del Cauca.
