Dos C-130 se accidentan en Puerto Leguízamo, Putumayo, y El Alto: 89 muertos

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En menos de un mes, dos accidentes fatales involucrando aviones Hércules C-130 han conmocionado a Latinoamérica, dejando un saldo trágico de decenas de víctimas. El más reciente ocurrió el lunes 23 de marzo de 2026, cuando un C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se precipitó a tierra apenas 1,5 kilómetros del aeródromo de Puerto Leguízamo, en Putumayo, en ruta hacia Puerto Asís, a las 9:50 de la mañana. La aeronave, que transportaba municiones, perdió el control poco después del despegue, generando detonaciones que complicaron el rescate. A bordo viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la FAC, 114 militares del Ejército Nacional y dos agentes de la Policía Nacional, resultando en al menos 69 o 70 muertos y 57 heridos.

Previamente, a finales de febrero de 2026, un C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, golpeando vehículos en una avenida cercana y causando 20 muertos y 31 heridos. La nave llevaba 18 toneladas de billetes recién impresos destinados al Banco Central de Bolivia, que se esparcieron y quemaron en el impacto, desatando el caos cuando hasta 30.000 personas intentaron ingresar a la zona para recolectarlos, lo que obligó a la policía a intervenir con gases lacrimógenos y detener al menos a una docena de individuos.

Investigaciones y declaraciones oficiales

El general Carlos Fernando Silva, comandante de la FAC, y Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, han liderado las primeras evaluaciones en el caso colombiano, donde imágenes difundidas en redes sociales muestran la pérdida de control de la aeronave, seguida de humo, llamas y esfuerzos de rescate. Sánchez afirmó que la aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada. La Fuerza Aérea de Estados Unidos acompañará la investigación, dado que ambos aviones fueron fabricados por Lockheed Martin. En Bolivia, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, y el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, han gestionado la respuesta, con Salinas aclarando que el dinero transportado no tiene valor legal por no haber sido emitido por el Banco Central ni portar números de serie, advirtiendo que su uso constituye un delito.

“la aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada.”

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia

Contexto de crisis y preocupación regional

Estos siniestros han generado profunda preocupación por la seguridad aérea en la región, exacerbada en Bolivia por una crisis económica con inflación anual del 20 por ciento, agotamiento de reservas internacionales y alto subempleo bajo el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, en el poder desde noviembre de 2025. Las protestas por recortes en subsidios se intensificaron con los hechos, incluyendo enfrentamientos con la policía, quema de billetes y ataques a periodistas; la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia denunció agresiones con piedras a equipos de prensa y a una unidad móvil de televisión. Un residente de El Alto, entrevistado por Reuters, expresó su frustración diciendo: “Miren todo el dinero que han quemado, la gente necesita ese dinero, hay familias pobres. Necesitamos alzarnos en la ciudad de El Alto”. Fuentes como Reuters y la agencia estatal boliviana han documentado estas escenas de desorden masivo, donde cientos intentaron recoger los billetes esparcidos.

“Miren todo el dinero que han quemado, la gente necesita ese dinero, hay familias pobres. Necesitamos alzarnos en la ciudad de El Alto”

Un residente, entrevistado por Reuters

“el dinero transportado no tiene valor legal, ya que no ha sido emitido por el Banco Central y no tiene número de serie, y que intentar usar este dinero es un delito”

Marcelo Salinas, ministro de Defensa de Bolivia

Ambos incidentes subrayan vulnerabilidades en el transporte aéreo militar y resaltan la necesidad urgente de revisiones exhaustivas en las flotas regionales, mientras las familias de las víctimas y las autoridades buscan respuestas en medio de un clima de luto y tensión social.

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