En la mañana del jueves 12 de marzo de 2026, intensos combates entre el Clan del Golfo y una alianza conformada por el ELN y disidencias de las Farc sacudieron el corregimiento de Puerto López, en los sectores de El Cementerio y Río Tigüí, municipio de El Bagre, Antioquia. Estos enfrentamientos armados, caracterizados por ráfagas de fusil y hostigamientos contra la fuerza pública que intentaba intervenir, dejaron un saldo trágico de dos civiles muertos y el secuestro de dos adolescentes de 14 y 15 años a manos de las disidencias de las Farc. La disputa territorial entre estos grupos armados ilegales ha escalado la violencia en la zona, donde las autoridades enfrentan una presencia estatal débil.
Las víctimas civiles no participaban en los hechos y fueron señaladas mediante un letrero que las acusaba de ser consumidoras de drogas, mientras los habitantes del área se resguardaron en sus casas durante los tiroteos. El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, confirmó los detalles del incidente y destacó las dificultades para identificar a los involucrados. Este episodio se suma a un confinamiento que afecta más de 10 veredas desde el 5 de enero de 2026, dejando a más de 500 familias con movilidad restringida.
Confinamiento prolongado y control armado en la región
El Frente 4 José Antonio Galán del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, ha impuesto restricciones severas en veredas de El Bagre, Segovia y Montecristo, en Bolívar, desde principios de año. Según un reporte de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estas medidas incluyen limitaciones de movilidad entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., cierre de tiendas, prohibición de prendas negras y órdenes para reparar vías, todo bajo amenaza de violencia que consolida el control armado en la zona por su reputación de brutalidad.
“no tienen como unos uniformes o características que los detallen como integrantes de algún grupo armado ilegal”
Coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia
Las autoridades, hostigadas durante la intervención, esperan consolidar su presencia para realizar actos judiciales y brindar seguridad a la población. Este nuevo capítulo de violencia subraya la urgencia de fortalecer la presencia estatal en estas áreas disputadas, donde cientos de familias viven bajo el yugo de los grupos ilegales y sus restricciones cotidianas.
