Dos congresistas electos no se posesionaron el pasado 20 de julio de 2026 durante la instalación del Congreso para el periodo 2026-2030, luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara orden de captura en su contra en marzo del mismo año. Se trata del senador electo por el Partido Conservador, Wadith Manzur, y la representante electa por las curules de paz, Karen Manrique, ambos vinculados formalmente al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por el delito de cohecho impropio. La ausencia de estos dos legisladores activó la figura constitucional de la “silla vacía”, contemplada en el artículo 134 de la Constitución Política de Colombia, que impide su reemplazo y sanciona al partido político que los avaló.
En total, 102 senadores y 182 representantes lograron posesionarse, sumando 284 legisladores electos, a los que se suman dos curules adicionales otorgadas por el Estatuto de Oposición: Iván Cepeda y Aída Quilcué, quienes ocuparon el segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales. La ausencia de Manzur y Manrique deja un vacío en el Capitolio Nacional que no podrá ser llenado por nadie más, pues la orden de captura en firme activa la prohibición expresa de reemplazo desde el momento en que fue proferida.
¿Qué implica la “silla vacía”?
La figura de la “silla vacía” es un mecanismo constitucional diseñado para sancionar a los congresistas que incurren en delitos graves antes de iniciar su periodo. Según el artículo 134 de la Constitución, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. Aunque la norma fue originalmente concebida para combatir la parapolítica, en este caso se aplica por cohecho impropio en el marco del entramado de corrupción de la Ungrd, que salió a la luz durante el segundo semestre de 2023, cuando Manzur y Manrique habrían aceptado coimas de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de votar a favor de proyectos de esa cartera.
“Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad”.
Artículo 134 de la Constitución Política de Colombia
La orden de captura fue dictada por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2026, apenas unos meses después de las elecciones parlamentarias realizadas el 8 de marzo del mismo año. El nuevo periodo legislativo comenzó el 20 de julio, pero los dos congresistas electos no pudieron asumir sus curules. La información fue publicada originalmente por Colprensa y pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la transparencia en el Congreso y la efectividad de los mecanismos constitucionales para sancionar la corrupción antes de que los implicados ejerzan el poder.
