Dos jurados de votación fueron retirados de sus funciones este domingo primero de junio, durante la instalación de la primera vuelta presidencial de 2026, luego de ser detectados en estado de embriaguez en puestos de votación de Antioquia. Los hechos ocurrieron en Medellín y Copacabana, en el marco de un barrido de inspección adelantado por las autoridades en el área metropolitana. Los dos ciudadanos, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, fueron separados de manera inmediata de sus puestos para evitar cualquier alteración en el desarrollo de la jornada electoral, según confirmaron fuentes de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La decisión de retirarlos se tomó tras verificar que incumplían los estándares exigidos para custodiar urnas, verificar la identidad de los votantes y participar en el conteo de sufragios, labores que son consideradas de forzosa aceptación y solo excusables por causas mayores debidamente documentadas. Este episodio, que compromete la transparencia del proceso electoral, ocurrió en medio de la vigencia de la ley seca en todo el territorio nacional, una medida que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral.
Más de 6.000 uniformados para garantizar el orden
El operativo de seguridad en la región fue uno de los más robustos de la jornada, como lo detalló el general Yesid Bello Cubides, comandante de la Regional 6 de la Policía Nacional. “Más de seis mil policías están dispuestos para los 125 municipios, para más de 1.280 puestos de votación”, aseguró el oficial. En total, Antioquia contó con 15.801 mesas de votación distribuidas en esos puntos, diseñadas para atender a más de 5.5 millones de ciudadanos habilitados para sufragar. Los 10 municipios del área metropolitana de Medellín fueron objeto de inspecciones exhaustivas, y se activó un Puesto de Mando Unificado para el monitoreo permanente de la situación.
“Más de seis mil policías están dispuestos para los 125 municipios, para más de 1.280 puestos de votación”
General Yesid Bello Cubides, comandante de la Regional 6 de la Policía Nacional
Pese a esta novedad, la jornada electoral transcurrió con normalidad en la región, sin que se reportaran alteraciones graves de orden público. Las autoridades recordaron que la sanción para quienes incumplan sus deberes como jurados de votación puede ascender hasta los 10 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a aproximadamente 20 millones de pesos colombianos. En caso de que los implicados sean funcionarios públicos, la multa económica podría ir acompañada de un proceso disciplinario. Aún no se ha revelado el nivel de alicoramiento de los jurados ni si las sanciones ya fueron formalizadas, aunque el caso quedó en manos de la Registraduría para los procedimientos correspondientes.
