Dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confesaron ante la Procuraduría General de la Nación que la constante presión de los internos y las directrices derivadas de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro normalizaron una serie de privilegios ilegales en la Cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia. Esta situación culminó con la presentación musical del cantante Nelson Velásquez el pasado 8 de abril de 2026, un hecho que ha desatado un escándalo de corrupción y negligencia al interior del sistema penitenciario colombiano.
Los guardianes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David rindieron declaración ante el ente de control, admitiendo que permitieron el ingreso de visitas extraordinarias, la entrada de artistas y la flexibilización de los controles de alimentos y seguridad. En su relato, Vargas Rubio indicó que los reclusos solían advertirles con una frase que evidenciaba la inversión de la autoridad: «Ustedes mandan acá, pero nosotros mandamos en la calle». Esta intimidación, sumada a las garantías ofrecidas por el Gobierno a los presos vinculados a las negociaciones de paz, llevó a que los dragoneantes omitieran los protocolos de seguridad. Según los testimonios, la frecuencia de estos permisos extraordinarios hizo que los funcionarios consideraran la situación como «normal».
La ruta de los permisos y las omisiones
La investigación reveló que para el concierto de Nelson Velásquez, de los 13 integrantes de la agrupación musical que ingresaron al penal, solo 9 estaban registrados oficialmente. El cantante, quien era el artista principal, no figuraba en ningún documento de ingreso. Góez David aseguró que él obtuvo una autorización escrita que contaba con la firma de dos superiores, lo que evidencia una cadena de permisos que desbordó la capacidad de control del Inpec. Durante el evento, apenas dos guardianes custodiaban el pabellón de alta seguridad, una proporción que vulnera cualquier estándar mínimo de vigilancia. La directora de la cárcel de Itagüí ya fue removida de su cargo tras permitir estas actuaciones.
La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien ha sido una voz crítica frente a esta situación, afirmó que su salida del gobierno en 2025 se debió precisamente al intento de conceder privilegios al Clan del Golfo y a los Comuneros, ambas organizaciones recluidas en Itagüí. En sus declaraciones, Buitrago fue enfática al señalar que desde el Ministerio se impartió la instrucción de que «no hay privilegios, no hay concesiones y el régimen penitenciario debe cumplirse a rajatabla». Sin embargo, denunció que personas con poder político, entre las que señaló directamente a la senadora Isabel Zuleta, iban a las cárceles y exigían permisos, presionando a los guardianes y generando un clima de temor e incertidumbre.
«Los ponen entre la espada y la pared. Había quienes querían cumplir la norma, pero también había quienes recibían amenazas por hacerlo. Quien manda en el régimen penitenciario es el Inpec y los jueces de ejecución de penas. No se puede normalizar el incumplimiento de la ley. Una cárcel no es un parque público».
Ángela María Buitrago, exministra de Justicia
La exministra, quien ya llevó su testimonio y las pruebas recolectadas a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, aseguró que ninguna negociación de paz podía justificar excepciones al régimen penitenciario establecido por la ley. La concejala Claudia Carrasquilla fue quien denunció públicamente la presencia de Velásquez en el centro carcelario, destapando el escándalo. Las confesiones de los dragoneantes confirman ahora las denuncias de Buitrago y revelan la profunda colisión entre la política de paz total y el régimen penitenciario legal, un conflicto que la Fiscalía y la Corte Suprema investigan para determinar la red de permisos y responsabilidades que permitió que una cárcel de máxima seguridad se convirtiera en un escenario de conciertos.
