Ecopetrol ha interpuesto cuatro demandas judiciales contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el objetivo de frenar el cobro de 9,4 billones de pesos en IVA por importaciones de ACPM y gasolina realizadas entre 2022 y 2024. La petrolera, liderada por el presidente encargado Juan Carlos Hurtado, solicita medidas cautelares para la nulidad de las liquidaciones notificadas el 5 de noviembre de 2025, tras agotar la fase administrativa que incluyó recursos de reconsideración, revisión y aclaración. Estas acciones se tramitan en tribunales de Bolívar y la jurisdicción contencioso-administrativa de Bogotá, donde una de las demandas ya ha sido admitida.
La disputa surge por la aplicación del IVA: la Dian reclama el 19% sobre 61 operaciones en las que Ecopetrol y Reficar aplicaron una tasa del 0% bajo un régimen especial de base gravable del Estatuto Tributario. La deuda total asciende a 9,4 billones de pesos, desglosados en 6,3 billones para Ecopetrol, 1 billón para Reficar y 2,1 billones en intereses. Estos costos no han sido trasladados a los consumidores, y existe el temor a una aplicación retroactiva de los cobros.
Riesgos de paralización en Reficar y su impacto en el país
El litigio podría extenderse entre tres y seis años, según estimaciones internas, y genera preocupación por una posible paralización de Reficar entre siete y once días, lo que afectaría el abastecimiento de combustibles en el país. Esto pondría en riesgo 4.600 empleos vinculados directamente a la refinería y sus asociadas, con potenciales consecuencias de insolvencia y liquidación de la empresa. Afortunadamente, el conflicto no impacta la liquidez de Ecopetrol en el corto plazo.
«Confiamos en que las instancias jurisdiccionales sabrán proteger los intereses de la compañía en este sentido. Estamos dentro de los plazos del proceso regulado. En pleitos similares, la definición puede tardar entre tres y seis años. Son plazos largos»
Camilo Barco, vicepresidente financiero de Ecopetrol
Camilo Barco, vicepresidente financiero de Ecopetrol, expresó confianza en el proceso judicial, destacando que la compañía se encuentra dentro de los plazos establecidos. Este enfrentamiento resalta las tensiones entre la petrolera estatal y las autoridades tributarias, en un contexto de importaciones clave para el suministro nacional de combustibles.
