La petrolera estatal Ecopetrol, bajo la presidencia de Ricardo Roa, incrementó de manera irregular un contrato con la firma legal estadounidense Covington & Burling, pasando de 875.000 dólares —equivalentes a 3.222 millones de pesos colombianos al 22 de enero de 2026— a 5,8 millones de dólares —unos 21.364 millones de pesos—, sin la autorización formal de su junta directiva. Este hecho ha desatado investigaciones por parte de la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación, la suspensión del acuerdo ordenada por la junta, y las dimisiones de figuras clave como el oficial de cumplimiento Alberto Vergara, el exmiembro de la junta Guillermo García Realpe y el proceso de salida del miembro Álvaro Torres.
El contrato inicial se firmó para brindar asesoría en la evaluación de riesgos legales en Estados Unidos y Colombia, vinculados específicamente a situaciones personales de Roa relacionadas con la adquisición de propiedades y su participación en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, la ampliación y el aumento presupuestal se realizaron sin el aval requerido, lo que incluyó pagos ya efectuados por 1.592 millones de dólares —equivalentes a 5,86 billones de pesos colombianos—. Además, se otorgó una prórroga de 120 días en diciembre de 2025, mientras que las investigaciones detalladas surgieron en mayo de ese año, afectando procesos ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Investigaciones revelan fallas en controles internos
La auditoría de la Contraloría identificó serias fallas en los controles internos de Ecopetrol, configurando un riesgo de detrimento patrimonial por el manejo irregular del contrato, que permanece vigente pero suspendido de forma condicionada a la decisión de la Procuraduría. La junta directiva ordenó la suspensión pese a que, según la Contraloría, carecía de facultades para hacerlo, lo que complica el cronograma para mitigar riesgos legales en el exterior. Ecopetrol ha defendido que los pagos corresponden a actividades ya ejecutadas, aunque las indagaciones disciplinarias de la Procuraduría siguen abiertas.
“daño cierto”
Ecopetrol, en respuesta a la Contraloría
“no existiría certeza del daño ni fundamento para la configuración de responsabilidad fiscal”
Contraloría General, en diálogos con medios
Este escándalo subraya tensiones en la gestión de Ecopetrol y expone vulnerabilidades en la contratación de servicios externos para temas sensibles, con posibles repercusiones en la gobernanza corporativa de la empresa estatal. Las fuentes consultadas, como reportes de El Tiempo de mayo de 2025, el informe de auditoría de la Contraloría y las indagaciones de la Procuraduría, confirman la gravedad del caso y su impacto en la confianza de los accionistas.
