En una operación conjunta de la Fiscalía, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador, nueve presuntos miembros del grupo disidente Comandos de la Frontera fueron detenidos en la zona amazónica de Alto Punino, ubicada entre las provincias de Orellana y Napo. Paralelamente, un tribunal ecuatoriano condenó a 14 personas, entre ellas a Roberto Carlos Vera Álvarez, alias «Gerente», considerado el presunto jefe de la organización en el país, a 13 años de prisión por lavado de activos. La sentencia se produjo luego de que se reanudara el juicio el pasado 6 de septiembre de 2026, tras aceptar las pruebas presentadas por la Fiscalía, que revelaron un entramado financiero ilícito que movilizó más de 300 millones de dólares entre 2015 y 2025.
Operativo en la Amazonía
Según informó la Fiscalía General de Ecuador a través de su cuenta oficial, la intervención se desarrolló en Alto Punino, un sector declarado de vigilancia prioritaria por la expansión de grupos armados y la minería ilegal. En el lugar, las autoridades localizaron un campamento en el que se incautaron dos fusiles, más de 300 municiones, armas calibre 9 milímetros y prendas de uso militar. Todos los detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, presuntamente pertenecen a Comandos de la Frontera, una estructura disidente de las extintas Farc declarada organización terrorista por el presidente Daniel Noboa.
«En coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía participó en una operación reservada que permitió la aprehensión de 9 presuntos integrantes del grupo delictivo ‘Comandos de la Frontera'», señaló la Fiscalía General de Ecuador en un comunicado.
Agregaron que la intervención se dio con apoyo de las Fuerzas Armadas y que el campamento encontrado contaba con armamento y vestimenta militar. Este mismo sector fue escenario de una emboscada en mayo de 2025, cuando presuntos integrantes del grupo atacaron a un contingente militar durante un operativo contra la minería ilegal, dejando once militares ecuatorianos muertos.
Condena histórica por lavado de activos
El tribunal que juzgó el caso de lavado de activos también declaró penalmente responsables a cinco empresas vinculadas a la trama, que deberán enfrentar sanciones que incluyen multas, clausura, disolución y comiso de bienes. Entre los condenados se encuentran Roberto Carlos Vera Álvarez y sus hijos Carlos y Kerly Vera, quienes fueron hallados culpables de delincuencia organizada. El resto de los sentenciados, once personas más, no fueron identificados públicamente. La multa impuesta corresponde al triple del dinero objeto del lavado, aunque la cifra exacta se definirá en la sentencia escrita que aún no se ha emitido. Según la investigación citada por el diario El Universo, parte de los fondos ilícitos fueron utilizados para financiar inmuebles a nombre de Vera Álvarez y realizar transferencias a sus hijos.
Roberto Carlos Vera Álvarez había sido capturado en Emiratos Árabes Unidos en junio de 2025 y posteriormente extraditado a Ecuador. El ministro del Interior, John Reimberg, lo incluyó entre los posibles extraditables a Estados Unidos. Las autoridades ecuatorianas vinculan a Vera Álvarez con narcotráfico y minería ilegal en la frontera entre Ecuador y Colombia, así como con la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, con la que Comandos de la Frontera habría establecido contactos para ampliar su presencia en el país y explotar oro de forma ilegal.
