Las Fuerzas Armadas de Ecuador han confirmado que carecen de la capacidad necesaria para lanzar la bomba de 250 kilogramos tipo fragmentación descubierta en territorio colombiano, cerca de la frontera con ese país. Esta revelación surge como respuesta directa a las acusaciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien señaló un posible bombardeo ecuatoriano en la zona donde se hallaron 27 cuerpos calcinados. Fuentes militares ecuatorianas explicaron al medio La Hora que no disponen de aviones ni plataformas adecuadas para emplear este tipo de armamento, desmintiendo así las imputaciones en medio de la creciente tensión diplomática entre los gobiernos de Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa.
El hallazgo de la bomba, identificada con serie BR o GR y marcada con el indicativo “FIN ASSEMBLY – GR 250, KG, L” en sus aletas estabilizadoras, ha avivado las sospechas sobre un eventual conflicto armado transfronterizo. Imágenes difundidas por Rtvc muestran el artefacto en detalle, destacando sus características de estándares OTAN y su fabricación en España por la empresa Expal o bajo licencia. Este explosivo está diseñado específicamente para ser lanzado desde aviones como los F-5, Mirage F1 o Eurofighter, modelos que, aunque Ecuador posee algunas unidades en su inventario, no cuenta con las plataformas de tiro requeridas para su despliegue efectivo.
Tensiones diplomáticas y dudas sobre el origen del ataque
La confirmación ecuatoriana genera interrogantes sobre la procedencia real de la bomba y el origen del ataque que dejó los 27 cuerpos calcinados en la región fronteriza, intensificando la escalada de roces entre Bogotá y Quito. Mientras Petro insiste en la responsabilidad ecuatoriana, las Fuerzas Armadas de Ecuador subrayan su incapacidad técnica para operar el dispositivo, lo que abre la puerta a especulaciones sobre otras posibles fuentes involucradas en el incidente. Este episodio no solo complica las relaciones bilaterales, sino que plantea preocupaciones sobre un potencial conflicto militar en la zona limítrofe, en un contexto de inestabilidad regional marcada por el narcotráfico y la violencia armada.
La situación subraya la necesidad de una investigación conjunta e independiente para esclarecer los hechos, evitando que las acusaciones mutuas deriven en una confrontación mayor entre los dos países vecinos.
