El Gobierno de Ecuador, a través de su Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, en directa respuesta a los dos recursos interpuestos por el Ministerio de Comercio colombiano por el arancel del 30% impuesto a productos colombianos. Esta acción se produce después de que la Comunidad Andina aceptara el lunes una de las demandas de Colombia, iniciando un procedimiento de investigación para determinar si la medida ecuatoriana constituye una violación a la Decisión 425, específicamente en sus artículos 47 y 49.
Ecuador sustenta sus reclamos en presuntos incumplimientos por parte de Colombia de compromisos comunitarios, incluyendo la falta de acciones equivalentes contra el crimen organizado transnacional y decisiones del Tribunal Andino de Justicia, todo ello enmarcado en razones de seguridad nacional. El arancel del 30% aplica a toda mercancía originaria o proveniente de Colombia, con excepciones para importaciones petroleras y de generación energética, como medida de defensa de derechos y respuesta a vulneraciones identificadas.
Contexto de la disputa comercial andina
La tensión comercial entre ambos países se agudiza con esta escalada de reclamos mutuos dentro de la institucionalidad andina. Mientras Colombia busca que se declare el arancel como una medida prohibida bajo la normativa comunitaria, Ecuador defiende su posición argumentando la necesidad de reciprocidad en la lucha contra el crimen transnacional y el respeto a los acuerdos regionales, lo que ha dado inicio a un proceso formal de investigación conforme a las normas de la Comunidad Andina.
“El Ecuador ratifica su voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo a los compromisos comunitarios y a la lucha conjunta en materia de seguridad”
Comunicado oficial del Gobierno ecuatoriano
Esta disputa subraya las fricciones persistentes en el comercio bilateral, donde Ecuador vincula su arancel directamente a la ausencia de medidas colombianas contra amenazas transfronterizas, abriendo un capítulo de negociaciones que podría impactar el flujo comercial en la región andina y redefinir las relaciones económicas entre ambos vecinos.
