Estados Unidos retiró la visa al contratista colombiano Euclides Torres y a varios miembros de su familia, una decisión que ha desencadenado una revisión profunda de los contratos que sus empresas mantienen con el Estado colombiano. La información, revelada por la periodista D’arcy Quinn en La FM y ampliada por una investigación de El Tiempo, golpea directamente a un entramado empresarial que incluye firmas como Iluminación Moderna de Colombia S.A.S., Enetel S.A.S. y Enecon S.A.S., integradas en la Unión Temporal Energiza. La medida del gobierno estadounidense, cuyas causas no han sido oficialmente detalladas, ha puesto en el centro del escrutinio las adjudicaciones otorgadas durante la administración de Gustavo Petro, especialmente aquellas vinculadas a paneles solares, fotomultas y centros de exámenes para licencias de conducción.
El contrato más significativo bajo la lupa es el de paneles solares por 95.000 millones de pesos, adjudicado en mayo de 2024 por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía (Fenoge) a la Unión Temporal Energiza. Este proyecto, que forma parte del programa Colombia Solar y abarcaba siete departamentos de la región Caribe, fue suspendido meses después debido a denuncias de irregularidades. En la composición de la unión temporal, Iluminación Moderna de Colombia S.A.S. concentra el 90%, mientras que las firmas antioqueñas Enetel S.A.S. y Enecon S.A.S. se reparten el resto. Ahora, la decisión de Washington añade un nuevo nivel de presión sobre estos vínculos contractuales, cuestionando la transparencia de las operaciones del clan Torres con entidades públicas colombianas.
Los millonarios contratos bajo la lupa
Euclides Torres no solo está vinculado al negocio de paneles solares. Su red empresarial también abarca concesiones de fotomultas, operación de centros de exámenes para licencias de conducción y diversos contratos vigentes con el Estado. La revisión ordenada tras el retiro de la visa estadounidense se da en el marco del gobierno de Gustavo Petro, quien ha impulsado un discurso de lucha contra la corrupción. La suspensión del megacontrato de paneles solares, luego de que se denunciaran posibles irregularidades en su adjudicación, anticipaba ya un escenario de mayor control. Ahora, con la intervención de Estados Unidos, las autoridades colombianas enfrentan el desafío de esclarecer si los negocios del contratista se ajustan a la ley y si los millonarios desembolsos públicos cuentan con las garantías necesarias.
