Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton (OFAC) a Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti por presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de activos, en medio de una crisis con Colombia que también llevó a la renuncia del ministro de Justicia Eduardo Montealegre ese mismo día. El anuncio, que llegó el 24 de octubre de 2025, se dio tras varios días de acusaciones, respuestas y un desarrollo de la crisis que se remonta al periodo del 19 al 23 de octubre, cuando se intensificaron las fricciones entre Bogotá y Washington.
La medida estadounidense se produjo en la sede del Departamento del Tesoro y representa una sanción unilateral cuyo impacto alcanza a las relaciones entre ambos países y a la escena política colombiana, ya convulsionada por la salida de Montealegre. En Bogotá, la noticia llegó rodeada de un complejo entramado de señalamientos y respuestas, mientras las autoridades intentaban calibrar las consecuencias de la inclusión en la lista y de la aún reciente renuncia de un titular clave para el aparato de justicia. En el marco de la crisis, se registraron también polémicas y debates sobre el rumbo de la política antidrogas y la cooperación en seguridad.
La tensión diplomática y las repercusiones regionales en foco de la noticia
Entre los antecedentes relevantes, figura la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos que emerge tras las acusaciones y las respuestas que se dieron entre el 19 y el 23 de octubre de 2025. En este contexto, a la sanción se suma el dato de que la Casa Blanca ha considerado posibles cambios en la orientación de su presencia militar y en las bases estadounidenses en la región, mientras la opinión pública colombiana debate el alcance de las sanciones y su efecto real sobre el frente antidrogas. En lo político, también se anota la absolución en segunda instancia de Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno (21 de octubre de 2025), lo que reconfiguró el tablero electoral y la expectativa de retorno de su figura a la arena pública.
«El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América» – Donald Trump
«Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo» – Gustavo Petro
«El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU» – Gustavo Petro
«Ahora tienen un líder terrible, un tipo malo, un matón, pero producen cocaína en niveles que nunca habíamos visto antes y la venden de vuelta aquí» – Donald Trump
«Él lastima su país de forma muy grave, lo están haciendo muy mal en Colombia, hacen cocaína, tienen fábricas de cocaína. Cultivan un montón de coca que se convierte en drogas que entran a los Estados Unidos a través de la frontera con México» – Donald Trump
«Espero que no volvamos atrás, que no nos volvamos a entregar a las fuerzas de la muerte» – Gustavo Petro
En este marco, el mensaje de Petro, de sus aliados y de la Administración estadounidense se entrelaza con datos que destacan la magnitud del fenómeno y sus costos humanos: la producción de cocaína en Colombia supera las 3.000 toneladas anuales, los cultivos de hoja de coca rondan las 300.000 hectáreas y las operaciones militares vinculadas al narco han dejado más de 30 fallecidos. Paralelamente, la recompensa por información que permita esclarecer las operaciones de narcotráfico y su relación con actores regionales ha llegado a 50 millones de dólares en el caso de información sobre Maduro, según las autoridades estadounidenses.
En el plano político y estricto a nivel regional, la crisis incide en las relaciones con Venezuela y Nicaragua, con un intento de diversificar alianzas internacionales para paliar un posible aislamiento regional. Entre los hechos secundarios más relevantes, figura que Petro impulsó movilización de sus bases y defendió la necesidad de una asamblea constituyente para reformar el sistema judicial, mientras Washington descartó un diálogo directo entre Petro y Trump. Todo ello se enmarca en un esfuerzo colombiano por diversificar sus alianzas y reposicionar su política exterior ante un contexto de mayor fractura regional y de revisión de la cooperación antidrogas.
La historia reciente deja claro que la crisis no se limita a un episodio aislado, sino que redefine las alianzas y la estrategia regional. El gobierno colombiano enfrenta una disyuntiva entre mantener su línea de combate al narcotráfico y gestionar un reacomodo de sus relaciones internacionales, sin perder de vista el pulso doméstico que exige respuestas claras ante los escollos diplomáticos y las tensiones con Estados Unidos. La calculada presión de las sanciones y la remoción de un ministro en pleno episodio de choque político abre una ventana a cambios profundos en la orientación de la política exterior y en la manera en que Colombia enfrentará el reto de la lucha antidrogas en los años que vienen.
