El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visa a siete ciudadanos colombianos, entre los que se encuentran el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán, el senador electo Wadith Alberto Manzur Imbett y la representante electa a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, como parte de una estrategia enfocada en combatir la corrupción y el narcotráfico en la región. La medida, que también afecta a familiares de los políticos señalados, se fundamenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, una disposición que permite negar visas por motivos de política exterior cuando existen razones razonables para considerar que el ingreso o las actividades de estas personas podrían tener consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense.
La decisión fue comunicada oficialmente por el Departamento de Estado y ocurre en medio de un contexto en el que varios de los incluidos enfrentan investigaciones o procesos judiciales en Colombia. Ricardo Roa Barragán, quien lideró la estatal petrolera, es investigado por la Fiscalía colombiana por presunto tráfico de influencias y por una posible violación de los límites de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la cual fue gerente. Además, entre los procesos relacionados con algunos de los afectados figuran presuntas irregularidades en la financiación de esa misma campaña y el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se investigan posibles ofrecimientos de contratos a congresistas a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno Petro.
Una medida sin distinciones políticas
El Departamento de Estado subrayó que la política de restricciones de visa se aplica independientemente de la filiación política de las personas involucradas, lo que refuerza el carácter transversal de la medida. La administración de Donald Trump respalda al Gobierno de Abelardo de la Espriella en sus esfuerzos para retirar la influencia criminal de instituciones como tribunales, fuerzas policiales y el poder legislativo. Este anuncio, que se reporta como una noticia en desarrollo, podría ampliarse con nuevos detalles en los próximos días, mientras los afectados continúan sujetos a procesos legales en Colombia que, sumados a esta restricción, complican su panorama tanto en el ámbito nacional como internacional.
