El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones a varios ciudadanos y empresas colombianas involucradas en el reclutamiento y traslado de exmilitares como mercenarios para apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido en la guerra civil de Sudán. Entre los principales sancionados se encuentran Álvaro Andrés Quijano Becerra, un oficial militar retirado que actuó como el articulador principal de la operación; su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero; José Libardo Quijano Torres, responsable formal de Fénix Human Resources SAS; José Óscar García Batte, excoronel y director de Global Qowa Al-Basheria SAS (GQAB, también conocida como “Mi Futuro Global”); y Omar Fernando García Batte, gerente de GQAB. Las empresas señaladas incluyen International Services Agency (A4SI), Fénix Human Resources SAS, GQAB y Talent Bridge SA, con sede en Panamá.
Estas sanciones, anunciadas recientemente aunque las primeras se emitieron en diciembre de 2025, responden al reclutamiento de exsoldados colombianos entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, utilizando empresas fachada que ofrecían supuestos trabajos de seguridad en el exterior. Los contratos se gestionaban de manera opaca a través de la intermediaria panameña, con traslados coordinados en más de 240 vuelos que partían desde Colombia, principalmente Bogotá, pasando por Emiratos Árabes Unidos, Somalia, Bengasi en Libia, Chad y finalmente Sudán, para alimentar el conflicto armado y prolongar la crisis humanitaria en esa nación africana.
Una crisis humanitaria sin precedentes en Sudán
El conflicto en Sudán, que estalló en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ha dejado estimaciones de más de 59.000 muertos según el proyecto Acled, mientras que 34 millones de personas requieren asistencia humanitaria de acuerdo con la ONU, y más del 50 por ciento de la población enfrenta inseguridad alimentaria aguda. Esta es la primera ocasión en que Estados Unidos sanciona una estructura latinoamericana por su rol en la alimentación de este conflicto, lo que implica el bloqueo de bienes bajo control estadounidense y afecta a entidades con más del 50 por ciento de propiedad sancionada, junto con un llamado a una tregua humanitaria de tres meses sin condiciones previas.
“ha alimentado el conflicto, que ha dado lugar a una de las peores crisis humanitarias y hambrunas del mundo (…) creando condiciones para que grupos terroristas se expandan y amenazando la paz y seguridad regionales e internacionales”
OFAC, Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Adicionalmente, Fénix Human Resources SAS fue fundada tras las sanciones previas a A4SI con el propósito de continuar el reclutamiento. La ONU ha acusado a mercenarios, posiblemente vinculados a estas redes, de usar fósforo blanco en El Fasher, en Darfur, por orden emitida en diciembre de 2024, mientras que las FAR han sido implicadas en ejecuciones sumarias, violencia étnica, sexual y torturas. Estas acciones no solo intensifican la tragedia sudanesa, sino que representan un duro golpe a las redes de mercenarios colombianos que operan desde Bogotá y Panamá, subrayando el compromiso internacional contra la exportación de violencia.
