En la noche del 7 de enero de 2025, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional se enfrentaron en intensos combates con integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc en el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia. Estos choques armados, ocurridos en el marco de operaciones militares en desarrollo, dejaron como saldo un guerrillero muerto, mientras que no se reportaron bajas confirmadas en la fuerza pública.
Los enfrentamientos responden a las disputas territoriales que libran las disidencias de las Farc aliadas con el ELN contra el Clan del Golfo por el control de recursos naturales y actividades de minería ilegal, en un contexto marcado por el vacío institucional en la región. Anorí, al igual que otras zonas rurales y urbanas del municipio, se ve afectada por la fragmentación del poder entre estos grupos armados ilegales, lo que ha intensificado las acciones ofensivas del Ejército en todo el departamento.
Alertas tempranas y violencia extendida
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas sobre los riesgos en el nordeste antioqueño, con mapas de focalización que incluyen municipios como Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí. Esta problemática se agrava por la presencia persistente de grupos armados ilegales, atraídos por la minería ilegal tras los acuerdos de paz, y ha impactado duramente a la población civil, con eventos violentos que se extienden a corredores hacia el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, incluyendo una reciente masacre en Amalfi atribuida al Clan del Golfo.
“Hay una disputa territorial entre la alianza ELN-disidencias contra el Clan del Golfo”
Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y representante de la Fundación Sumapaz
“Valoramos los esfuerzos que hace la fuerza pública en el territorio, pero esos esfuerzos serán insuficientes en la medida que los vacíos institucionales permiten que este control territorial de estos grupos sea de alta incidencia”
Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y representante de la Fundación Sumapaz
Críticas al vacío institucional
Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y representante de la Fundación Sumapaz, subrayó la necesidad de fortalecer la presencia estatal para contrarrestar estos fenómenos. En sus declaraciones, enfatizó que los incumplimientos institucionales facilitan la materialización de riesgos para la población y que la verdadera voluntad de paz implica el cese de cualquier forma de violencia, en un llamado urgente a cerrar los vacíos que permiten el dominio de estos grupos en territorios clave como Anorí.
Las operaciones militares del Ejército Nacional prosiguen con el objetivo de recuperar el control en estas zonas disputadas, mientras la comunidad local permanece en vilo ante la escalada de confrontaciones que amenazan la estabilidad regional.
