La Séptima División del Ejército Nacional reconoció este domingo 26 de abril la presencia de entre dos mil y dos mil quinientos mineros informales dedicados a la explotación ilegal de oro en la finca La Mandinga, un predio de aproximadamente dos mil hectáreas ubicado en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, y colindante con el Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles. El comunicado oficial del comandante del cantón se emitió tras una investigación periodística de The New York Times, liderada por el reportero gráfico Federico Ríos, que expuso la ocupación ilegal en un terreno bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por proceso de extinción de dominio.
Esta admisión llega después de que las autoridades hubieran sido notificadas desde 2022 sobre la invasión del predio, donde los mineros operan sin título ni amparo legal alguno. Inicialmente, el comandante del cantón había negado la situación, pero el pronunciamiento del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, impulsó la confirmación oficial, destacando el desafío que representa para la seguridad y el medioambiente de la zona.
Investigación de The New York Times revela impactos graves
La pesquisa de The New York Times detalló un deterioro ambiental severo e irreversible causado por estas actividades, que además son rentabilizadas por el Clan del Golfo y aprovechan recursos hasta la Casa de la Moneda de Estados Unidos. La explotación sin control en La Mandinga pone en riesgo no solo el ecosistema del Bajo Cauca, sino también la integridad de las instalaciones militares cercanas, obligando al Ejército a enfrentar una ocupación prolongada que persiste pese a los esfuerzos institucionales.
Este caso subraya las tensiones persistentes en regiones mineras de Antioquia, donde la minería informal choca con la autoridad estatal y genera secuelas ambientales de largo plazo, demandando acciones coordinadas entre el Ejército, la SAE y el Ministerio de Defensa para recuperar el control del terreno.
