En una operación conjunta que fortalece la lucha contra las finanzas ilícitas de grupos armados ilegales, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron la extinción de dominio sobre un apartamento y un parqueadero avaluados en 500 millones de pesos colombianos, pertenecientes al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El procedimiento se llevó a cabo la mañana del sábado 14 de febrero de 2026 en una calle residencial exclusiva entre los barrios San Patricio y Molinos Norte, en la localidad de Usaquén, Bogotá, cumpliendo una orden judicial respaldada por meses de investigaciones y inteligencia militar desarrolladas por el Gaula Militar de la Brigada 13, comandado por el teniente coronel Iván Fernando Rojas, junto con el Gaula Militar Cundinamarca, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5 y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Este operativo, adscrito a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional y la Quinta División, forma parte de la ofensiva nacional contra estructuras criminales residuales y del Plan Ayacucho Plus, golpeando directamente las redes financieras que sostuvieron actividades delictivas en el pasado. Los inmuebles estaban vinculados al Bloque Norte de las AUC, dirigido por Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40, cuya organización operó principalmente en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico.
Legado criminal y controversias actuales
El Bloque Norte protagonizó algunas de las masacres más sangrientas de la historia reciente del país, como las de Monterrubio en Pivijay, Magdalena; Brasiles en La Paz, Cesar; y Medialuna en San Diego, Cesar, dejando un rastro de violencia que aún impacta a las comunidades afectadas. Paradójicamente, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Salvatore Mancuso Gómez han sido designados como gestores de paz por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en un contexto de esfuerzos por la reconciliación nacional que genera debates sobre la justicia transicional.
Con esta extinción de dominio, las autoridades reafirman su compromiso con la recuperación de bienes para el erario público y la desarticulación de patrimonios ilícitos, enviando un mensaje claro contra la persistencia de economías criminales en zonas urbanas de alto valor inmobiliario como Usaquén.
