La reforma constitucional que modifica el régimen de transferencias de la Nación a los entes territoriales, departamentos y municipios, fue aprobada por el Congreso Nacional. Un poco más de un año necesitaron las Cámaras Legislativas del país para tramitar en dos vueltas esta iniciativa de origen parlamentario y que se tomó las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado de la República
El nuevo Acto Legislativo establece que el Estado deberá transferir a los entes territoriales, el 39,5% de sus ingresos. Actualmente ese porcentaje es del 23,5%.
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Desde luego, en ese apoyo parlamentario tuvo que ver el hecho de que nuestros legisladores son de regiones, caso exclusivo de la Cámara de Representantes, o a pesar de estar por circunscripción nacional, su fortaleza electoral está en los territorios. Solo un partido, Cambio Radical, se opuso a esta reforma.
Desde el mismo momento de la aprobación han surgido críticas en los gremios económicos, la academia, el mismo gobierno, en torno a la conveniencia o no de que de los ingresos que tiene la nación, de los cuales hoy se trasladan el 23.5% a los entes territoriales, se pase a algo más del 39%.
Un Congresista Caldense, el senador Guido Echeverri Piedrahita, es el padre de esta iniciativa y dedicó el último año a su promoción por todo el país. Hoy que ve cómo la misma ha sido aprobada. La Veintitrés lo invitó a hablar de esta Reforma Constitucional para hacer claridad sobre su contenido y las críticas que sobre la misma han surgido.
¿Cómo se logró sacar adelante esta Reforma Constitucional?
“Esa es una circunstancia un poco insólita porque en el Congreso normalmente los proyectos de Acto Legislativo de origen parlamentario no tienen buen futuro. Lo tienen cuando la iniciativa es del Ejecutivo, del Presidente de la República. Particularmente en este caso creo que tocó una sensibilidad, una expectativa y un poco el desespero de unas entidades territoriales angustiadas por la carencia de recursos y de autonomía para ejercer toda aquella actividad que conduzcan a su desarrollo a partir del conocimiento mismo y en la que concurrieron muchos sectores de opinión que estaban claros en que este país se tiene que descentralizar y tiene que reivindicar, no solo el espíritu de la Constitución del 91, sino la autonomía de las entidades territoriales».
¿Cree Usted que lo que se recogió en el Congreso fue el sentir de todo un país?
«Yo creo que toda la expresión de esa representatividad de las regiones aparece obviamente cuando legislamos. Y cuando actuamos en el Congreso lo hacemos siempre pensando en el bienestar de aquellas gentes que son más cercanas a nosotros en el afecto y en la coincidencia de los puntos de vista del lugar de nacimiento”.
¿En qué consiste básicamente la Reforma Constitucional al Régimen de Transferencias?
“Consiste básicamente en que el Estado Central, de los ingresos que obtiene fundamentalmente por impuestos, tiene que transferirle de aquí hacia adelante, una vez este vigente la Ley de competencias, un monto de 39.5% de los mismos.
La Constitución del año 1991 estableció en su primer mandato que del Estado Central se traerían a las entidades territoriales el 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación. Luego vinieron dos Actos Legislativos, en el 2001 y 2007, que las reversaron hasta el 23.5 por ciento que hoy tenemos, haciendo de este un país donde el Estado no llega a los territorios. En ese sentido lo que se busca ahora es recuperar el espíritu de la Constituyente, buscando llegar, ya no al 46% inicial, pero si al nivel de 39.5%.
Entonces aquí lo que hubo fue la decisión del Congreso de decirle al Estado, usted señor tiene que entregarle a las regiones el 39.5% de los ingresos para efectos de que los territorios asuman unas responsabilidades con nuevos recursos, que ya no serán del Estado Central, que se tendrá que adelgazar”.
Hay quienes aseguran que esta Reforma va a quebrar al país, como lo advierten pronunciamientos como el de Fedesarrollo.
“A mí me preocupa mucho que algunos tecnócratas, economistas y el propio Ministerio de Hacienda no se hayan aplicado a estudiar completo el proyecto, porque lo que establece es que se hacen unas transferencias a las entidades territoriales y al mismo tiempo se reducen responsabilidades de Estado Central. Es decir, eso resulta siendo una operación matemática, pues lo que se entregue de recursos a departamentos, municipios y distritos, se lo ahorra el Estado central desprendiéndose de funciones que de aquí hacia adelante estarán a cargo de las regiones. Es un cambio de administrador de los recursos públicos, de los recursos fiscales, cambiando de operador, de tal manera que no hay ningún riesgo.
Lo otro es que lo que muchos dicen, que se debió primero aprobar una norma que estableciera transferir competencias y obligaciones a las entidades territoriales y luego se decidiera su correspondiente financiación, pero lo que establece la Constitución en su Artículo 356 es que no se puede transferir responsabilidades a las entidades territoriales sin que antes se haya decidido la financiación de esas competencias. Es decir, hemos actuado conforme a la Constitución Nacional que establece primero la obligación de transferir recursos para luego transferir competencias”.
También hay quienes consideran que al aumentar el flujo de recursos va a crecer la corrupción en las regiones.
“Colombia padece como muchos países del mundo del problema gravísimo de la corrupción, que para mí es el problema más grave que padece la sociedad colombiana. Ni el Estado central ni los entes territoriales escapan a este flagelo. Lo que sí es claro es que de acuerdo con informes del Banco Mundial, es posible controlar la correcta inversión de los recursos en territorios, con prepuestos más pequeños, y que es posible lograr de las comunidades una vigilancia mucho más estrecha de la manera como se administran y se ejecutan esos recursos. Una de las virtudes que tiene este Acto Legislativo, es que desatará una serie de reformas institucionales que tienen que ver con órganos de control; en él se plantean además, la posibilidad de unos seguimientos muy rigurosos por parte del Estado Central al manejo de sus recursos, hasta el punto de que, de acuerdo con las propias capacidades institucionales de las entidades territoriales, el Estado podrá pactar con ellas, entregar más o menos competencias habida cuenta de la manera eficiente como lo hagan. Al mismo tiempo, eventualmente, si una entidad territorial no asume con responsabilidad esa nueva carga y esos nuevos asuntos, en esta eventualidad el Estado Central podrá definir como le quita el manejo de esos presupuestos”.
¿A partir de cuando comienza a aplicarse esta Reforma Constitucional?
“El Acto Legislativo, muy conversado, consensuado, muy discutido, tiene un plazo para ejecutarse en su totalidad de12 años a partir del 2027. Desde ese momento las transferencias van a ser graduales hasta llegar al año 2037 al 39.5%. Ya establecido el mayor monto de recursos vendrá una Ley que desarrolle ese Acto Legislativo para identificar las transferencias de competencias y de obligaciones que asumirían esas entidades territoriales, y consecuentemente, la definición de qué responsabilidades se desprende el Estado central, que tendrá que ser pequeño, que se tendrá que adelgazar y desburocratizar”.
¿No teme que en este proceso de transición aparezcan trabas que echen al traste la reforma?
“Yo creo que esto sigue su curso. Primero porque tiene un gran acompañamiento de la opinión pública, es un proyecto que goza de mucha legitimidad, aquí los gobernadores, los alcaldes, las agremiaciones que organizan las autoridades locales y regionales tuvieron una muy especial participación, apoyaron el proyecto, introdujeron criterios que deben ser incorporados a la iniciativa, y ellos estarán vigilantes de que ahora el Gobierno convoque rápidamente una comisión de altísimo nivel técnico para que inicie una de las más formidables discusiones que tendrá el país en lo político y en lo público en estos años, para establecer qué competencias le transfieren a las regiones”.
¿Se sintió cómodo con la posición del gobierno frente al proyecto?
“Muy cómodo porque finalmente el gobierno se desmarcó apoyando la propuesta. Sé que hubo una discusión interna muy fuerte en el Consejo de Ministros en donde hubo una emulación dialéctica seria entre el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y el Ministerio del Interior con Juan Fernando Cristo, y finalmente el Presidente, que sirvió de árbitro, entendió que es muy importante en el camino de producir cambios en la estructura del Estado, echar para adelante una iniciativa que va a cambiar la cara del Estado colombiano, que hasta ahora ha sido muy en ineficiente, muy lejano, muy ausente de los territorios”.
