La movilización contra los peajes en el Eje Cafetero ha pasado de ser una causa técnica unificada a convertirse en un escenario de confrontación política
Este giro, acentuado por la cercanía de las elecciones presidenciales, plantea interrogantes sobre la eficacia de la representación parlamentaria de Caldas y las consecuencias de trasladar el debate de los despachos a las carreteras en plena contienda electoral
Por: Unidad de Análisis – La Veintitrés
El rol constitucional de un Representante a la Cámara se centra en la gestión legislativa y el control político. En el caso de Santiago Osorio, su afinidad con el Gobierno Nacional le otorgaba una posición estratégica de interlocución directa con el Ministerio de Transporte y la ANI. Sin embargo, el traslado de su actividad hacia la promoción de marchas a solo 15 días de los comicios presidenciales marca un cambio de táctica: la sustitución de la gestión administrativa por la movilización de masas.
Los incidentes registrados en las últimas jornadas sugieren que la estrategia de abanderar la protesta social desde una figura oficialista no ha tenido la recepción esperada. Existen tres factores que explican esta desconexión:
- La fatiga de la base: La comunidad percibe una contradicción entre tener «el poder» en Bogotá y seguir recurriendo a las vías de hecho para ser escuchados.
- La ruptura del consenso: La causa de los peajes en Caldas era transversal. Al ser «abrazada» por un solo sector político (el Pacto Histórico), se generó una reacción defensiva en otros sectores de la sociedad civil que ahora ven la lucha con desconfianza.
- El timing político: Realizar convocatorias de este tipo en la víspera de elecciones presidenciales suele interpretarse más como un ejercicio de demostración de fuerza partidista que como un avance real en la renegociación de la concesión vial.
Desde el punto de vista del análisis de poder, una región dividida es una región débil. Mientras el foco de la opinión pública se desplaza hacia los abucheos y la figura del congresista, el tema de fondo —el vencimiento de la concesión y la reducción de tarifas— pierde tracción en la agenda técnica nacional. El riesgo inminente es que el Gobierno Central perciba el conflicto en Caldas como un tema de orden público electoral y no como una necesidad de infraestructura y competitividad.
El análisis de los hechos sugiere que la unidad que se había construido en torno a la «Justicia Vial» ha sido la principal damnificada de esta etapa electoral. El reto para Caldas será, una vez pasadas las elecciones, reconstruir los puentes rotos y determinar si el liderazgo político regional está dispuesto a priorizar los resultados técnicos sobre el protagonismo en las calles.
sos/IA
