En la actualidad cursa en el Tribunal Administrativo de Caldas una Acción Popular que busca que se declare el Estado de Cosas Inconstitucional, una figura que determina que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales de la población
Dicha acción fue presentada en su momento por el Personero Fernando Arcila Castellanos, aduciendo que “hoy hay una vulneración masiva y sistemática de los derechos de la comunidad de San José, como quiera que ha habido afectaciones a la vida, a la integridad física, a la salubridad pública, a distintos derechos fundamentales e incluso colectivos, que hoy nos dan cuenta de ese caos en el que está el Macroproyecto de San José”.
En diálogo con La Veintitrés, el actual Personero, Juan Pablo Osorio Gallo, recordó que “en el 2009 se formuló el Macroproyecto San José, que pretendía la renovación de alrededor de 111 hectáreas de suelo urbano en el área central de la ciudad, como adicionalmente se pretendía la construcción de más de 3.500 viviendas de interés social, pero lo que hemos visto es que a la fecha el avance ha sido solo del 6%, lo que resulta preocupante para un Macroproyecto que ha generado tantas afectaciones en la comunidad el rompimiento del tejido social”.
Indicó que “adicionalmente ha causado una afectación a las dinámicas económicas de estas comunidades, ha roto las relaciones de vecindad, entre otras circunstancias que hemos podido desde la personería evidenciar en la acción popular que se ha presentado ante el honorable tribunal de Caldas administrativo de Caldas, con el fin de que se declare el Estado de Cosas Inconstitucional, que se haga un diagnóstico y que se incluyan las actividades de planeación y ejecución que puedan proteger los derechos fundamentales vulnerados en este caso”.
Los Macroproyectos fueron declarados inconstitucionales
Manifestó el Personero que “es importante recordar que los Macroproyectos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional y lo que ocurre en Manizales es una situación muy específica, porque el mapa el macroproyecto continúa a pesar de esa decisión, que tuvo efectos en el futuro, pero para el año 2009, el Ministerio de Vivienda adoptó esa resolución, que ha tenido muchas modificaciones, alrededor de nueve modificaciones, que han sido además compiladas y que dan cuenta también de una ausencia de planeación que afecta gravemente los derechos de las comunidades”, dijo.
Expresó que la indefinición de los macroproyectos ha generado ese Estado de Cosas inconstitucional, “porque impide la adecuada articulación y atención de las necesidades de las comunidades. Esto es lo que ha evidenciado la Personería municipal en esta Acción Popular”.
En la actualidad el proceso se encuentra en alegatos de conclusión y se espera que en los próximos días se pueda tener una decisión de fondo por parte del Tribunal Administrativo de Caldas.
Lo que se espera
De acuerdo con el funcionario, se espera que allí se articulen acciones del Estado con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas, “esperamos que el Tribunal Administrativo de Caldas ordene las medidas necesarias para obtener un diagnóstico, una planeación y una ejecución que se adapte a los derechos humanos, y que sobre todo garantice el derecho de participación de las comunidades en las decisiones que les afectan”.
La Acción Popular
Hechos de la demanda: De acuerdo a los hechos narrados por el actor, anterior Personero de Manizales Dr. Fernando Arcila, en el desarrollo del Macroproyecto San José no ha habido una debida planeación, por cuanto se han expedido ocho (8) resoluciones para reconfigurar las Unidades de Ejecución Urbanística del Macroproyecto.
Manifestó que el Macroproyecto San José, no estuvo acorde con las caracterizaciones sobre amenaza y riesgo en la comuna San José contempladas en el POT del Municipio de Manizales.
Argumentó vulneración a derechos importantes como lo son: El derecho al acceso a los servicios públicos domiciliarios, falta de acceso vehicular en las zonas de alta pendiente, situación que vulnera a las personeras en condiciones de movilidad reducida; vías inconclusas o en mal estado, vulnerando el derecho a la libre locomoción; derecho a la vivienda digna y adecuada, a la educación, a la participación en la vida cultural, al goce de un ambiente sano, entre otros.
Dijo que los precios de las propiedades se encuentran prácticamente congeladas desde el 2009, muchas de las viviendas formales que permanecen en la comuna, poseen problemáticas graves en su estructura, debido a la demolición de las viviendas aledañas; la reubicación en unidades habitacionales (propiedad horizontal), limitaron los metros cuadrados en los cuales convivían familias numerosas, generando una problemática social que ha trascendido a actuaciones policivas; los niños de la comuna tuvieron que desplazarlos a instituciones educativas ajenas a este sector; no ha habido vigilancia efectiva de los predios, fomentando la inseguridad y la invasión o ubicación de residencias informales.
Pretensiones de la demanda
a) Que se diseñen y pongan en marcha las políticas, planes y programas que garanticen de manera adecuada los derechos constitucionales y fundamentales, cuyo goce efectivo depende de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional;
b) Que se ordene según las competencias, la estructuración de un nuevo estudio técnico que conduzca a la realización de obras necesarias para hacer cesar la vulneración de los derechos invocados.
c) Que se reformule y refinancie el denominado «Macroproyecto San José«, de tal forma que se adapte a las realidades sociales y que contemple todas las necesidades de la comunidad a impactar.
d) Que se apropien los recursos necesarios para garantizar la efectividad de tales derechos;
e) Que se modifiquen las prácticas, las fallas de organización y de procedimiento que resultan violatorias de la Constitución;
f) que se reforme, desarrolle y actualice el marco jurídico cuyas falencias han contribuido al Estado de Cosas Inconstitucional.
Posición del Concejo de Manizales
Haciendo claridad que el Concejo de Manizales funge como vinculado y no como accionado en el proceso de la Acción Popular, el presidente de esa corporación, Julián Andrés Osorio Toro, expresó al tribunal administrativo de Caldas que «el Concejo se atiene a lo que resulte dentro del proceso y que si se ha presentado vulneración alguna a derechos individuales o colectivos, estos sean resarcidos, dado que el Estado no puede convertirse en victimario de los ciudadanos”.
Dijo además que “el Consejo de Manizales ha sido enfático en el cumplimiento de su deber constitucional y legal de control político frente a la administración municipal, para el caso en concreto, la Empresa de Renovación Urbana, por ello se aportó al proceso las actas tanto de Comisión como de Sesiones Plenarias, donde consta el ejercicio que ha realizado la corporación frente a esta problemática”.
