El Nevado del Ruiz es declarado Patrimonio Natural de la Nación y Armero, Bien de Interés Cultural

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El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que reconoce al volcán Nevado del Ruiz como Patrimonio Natural de la Nación y al desaparecido municipio de Armero como Bien de Interés Cultural, en memoria de la tragedia ocurrida el 13 de noviembre de 1985. La iniciativa, que ya está lista para sanción presidencial, marca un paso histórico en la protección del patrimonio natural, la gestión del riesgo y la memoria colectiva del país.

La tragedia de Armero, causada por la erupción del volcán y la posterior avalancha, dejó más de 25.000 muertos y se convirtió en uno de los desastres naturales más devastadores de América Latina.

Reconocimiento, prevención y desarrollo

La nueva ley reconoce el valor simbólico, ambiental y cultural del Nevado del Ruiz, y establece medidas para su protección, investigación y uso sostenible. Así mismo, ordena la creación de un Centro de Memoria Histórica en Armero, con fines pedagógicos, turísticos y culturales, que contará con la participación activa de sobrevivientes y comunidades locales.

Puntos destacados del proyecto aprobado:

  • Fomenta la educación con enfoque preventivo en gestión del riesgo y memoria histórica.
  • Impulsa el turismo comunitario y el ecoturismo como forma de desarrollo productivo local.
  • Autoriza inversiones en infraestructura turística, incluyendo señalización, centros de interpretación y servicios de seguridad.
  • Implementa la formación de guías turísticos especializados en turismo histórico, natural y cultural.
  • Establece principios de sostenibilidad ambiental y respeto a las víctimas, garantizando que ninguna acción revictimice a los sobrevivientes.

Hacia un futuro con memoria y conciencia

El proyecto también ordena la producción de un documental institucional sobre Armero y el Nevado del Ruiz, con participación comunitaria, y otorga al Gobierno Nacional facultades para realizar los ajustes presupuestales necesarios para su implementación.

Con esta ley, el Estado colombiano no solo honra a las víctimas y sobrevivientes de la tragedia, sino que busca convertir este episodio doloroso en una oportunidad para educar, preservar el entorno natural y fomentar el desarrollo regional con sentido de memoria y resiliencia.

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